México

El alcalde de San Pedro pide ayuda para frenar la apertura de casinos

11-05-2011
Tiempo de lectura 1:21 min
(México).- A la lucha contra los casinos en San Pedro, el alcalde Mauricio Fernández Garza quiere sumar ahora a las autoridades de la Secretaría de Salud federal. Ayer, el mandatario visitó al titular de la mencionada secretaría para plantearle la posibilidad de intervenir ante la apertura de nuevos espacios de apuestas en la ciudad.

El munícipe viajó al Distrito Federal mexicano, donde además se encontró con los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, para insistir en la queja contra el juez que amparó al casino Sportzone. “Yo necesito saber qué elementos nos proporciona la Secretaría de Salud para ver que aportaciones nos da, para ver como reforzamos el tema contra casinos”, detalló Fernández Garza.

Insistió en que el objetivo es frenar la presencia de las casas de apuestas en San Pedro, por ello desea extender sus estrategias. “Estamos viendo que, sin duda, hay violaciones a nuestras leyes de Salud y queremos, de primera mano, al propio Secretario (José Ángel Córdova) hacerle nuestro planteamiento y ver de qué forma nos apoya”, agregó.

La lucha del alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, se trasladó al Consejo de la Judicatura. Ayer el alcalde acudió a la sede del Consejo de la Judicatura Federal para plantear su queja y entregar las pruebas contra el juez que amparó a los centros de apuestas.

El edil continuó el cabildeo en privado con los integrantes del órgano regulador del Poder Judicial Federal, a quienes les planteó sus argumentos para destituir al juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Ricardo Hiram Barbosa Alanís.

“Me reciben con mucho interés de escuchar nuestro caso. Me da gusto que hasta ahorita no ha habido nadie que no me reciba, y no es gente que esté acostumbrada a estar recibiendo alcaldes”, aclaró Fernández Garza. Tras la intervención de Barbosa Alanís, el casino Sportzone pudo reabrir sus puertas, al obtener un amparo y emplazar al municipio a retirar los sellos, motivo por el cual la administración de Fernández Garza lo denunció el 25 de marzo.

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