Edición Latinoamérica
04 de Agosto de 2020

Consulta por la prohibición del juego en Ecuador

Empresarios dicen que el fisco ecuatoriano perdería muchos fondos

(Ecuador).- Los empresarios y dueños de los 32 casinos que funcionan legalmente en el país se preparan para iniciar acciones legales en el ámbito nacional e internacional, en el caso de que el pueblo apruebe la pregunta 2 de la consulta popular que prohíbe el funcionamiento de los juegos de azar.

S

egún los ejecutivos, la pregunta es muy general y no identifica ni discrimina a los centros de diversión que operan legalmente y dentro de las unidades turísticas compuestas por hoteles.

Según los cálculos de los representantes del sector, de ganar el “Sí” en el plebiscito se perderán alrededor de 250 millones de dólares anuales que genera esta actividad, y de los cuales también se beneficia el fisco.

Entre los rubros que genera esta actividad, constan los 20 millones anuales que se paga al fisco por impuesto a la renta.

A ello se suman 36 millones de dólares por aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por las 25 mil personas que laboran en este tipo de negocios y que perciben una masa salarial de $ 170 millones anuales. Ello, sin tomar en cuenta el pago de 15 millones en arriendos a los hoteles, así como otros gastos generales.

El perjuicio alcanzará a alrededor de 443 empleados, según Pedro Sánchez, representante de la empresa Apartec y gerente del casino Montecarlo.

Señaló que estos trabajadores forman parte de la red de juegos de azar, pero que no solo ellos están involucrados directamente sino que también debe considerarse a sus familias y a los más 140 mil proveedores, importadores y taxistas que de una u otra manera están vinculados al negocio.

López dijo que de momento, el gremio de los casinos espera los resultados de la consulta para iniciar las acciones legales internas, sea ante la Organización de Estados Americanos (OEA), o la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esto, considerando que la prohibición para el funcionamiento de los juegos de azar, viola la seguridad jurídica y el derecho al trabajo y pone en riesgo la inversión realizada. López dijo además que si gana el Sí, surgirán negocios clandestinos, que perjudicarán al país.

Defendió que los casinos son servicios complementarios legales de los hoteles y que están debidamente registrados y controlados por entes como el Ministerio de Turismo y el Servicio de Rentas Internas.

“Nos han dicho mafiosos y nos han satanizado, decir que los casinos están pululando por todo el país, que dejan entrar menores, es hacernos daño”. De triunfar el sí, agregó, los casinos que operan por 60 años, deberán optar por presentar acciones de protección para seguir trabajando, caso contrario tendrán que cerrar las salas y dejar de funcionar en el país, perjudicando a sus, aproximadamente, 5 mil trabajadores. Las inversiones de los casinos llegan a los $ 30 millones.

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