En su mayoría, las autonomías consideran que tras las sucesivas reuniones de la Comisión Sectorial no se han recogido en su totalidad las aspiraciones de las Comunidades en temas sensibles y que afectan al ámbito de sus competencias. Insisten además en el extremado protagonismo otorgado a la Comisión Nacional del Juego, dependiente exclusivamente del Ministerio de Economía y Hacienda, que será el organismo encargado de emitir licencias para operar, teóricamente sólo en los juegos remotos, circunstancia que no queda matizada en el texto del proyecto.
Según lo que expresaron, tampoco están de acuerdo en las funciones del Consejo de Políticas de Juego, incluido en la Ley a instancias de las autonomías, que no recoge los niveles de representatividad y decisión solicitadas por éstas. Existe el convencimiento de que LAE ha querido cerrar con la máxima celeridad el texto sin atender las demandas sustanciales planteadas por las Comunidades, que califican el Consejo de Políticas de Juego como un calco de la Comisión Sectorial.