El proyecto contempla que el instituto sea el ente fiscalizador de las actividades derivadas del juego en todo el ámbito provincial. Según se señala, este nuevo organismo aportaría seguridad jurídica y daría celeridad a la asignación de ingresos derivados a las áreas de Asistencia Social y Educación, según lo que especifica la Constitución Provincial.
También se indica en la propuesta que el instituto funcionaría en forma autárquica y que tendría personería jurídica e individualidad financiera. En el plano operativo, oficiaría de continuador de la dirección general de Lotería y Quiniela y de la dirección provincial de Concesiones. Por eso, se plantea, el ente podrá resolver los pedidos de prórroga de plazos de concesiones, ejercer el poder de policía, aplicar la caducidad de las licencias, autorizar la apertura de nuevas salas de juego o casinos y declarar de "utilidad pública" y sujetos a expropiación bienes muebles e inmuebles.
Según el proyecto, los municipios no estarán facultados para gravar con impuestos o tasas los beneficios de las salas de juego de azar que estén ubicadas dentro de su ejido urbano. No obstante, se propone concederles la posibilidad de acceder a parte del canon mensual que cobre la provincia, en caso de que el municipio adhiera a la ley.
Respecto a la composición del organigrama institucional, se indica que la dirección y administración sean ejercidas por un presidente y un vicepresidente, ambos designados por el Ejecutivo provincial. En tanto, se añade, la estructura de personal debería incorporar a empleados de las direcciones generales de Lotería y Quiniela y de Salas de Juego y Casino.
Además, se aclara en el proyecto que, en caso de aprobarse, empleados y personal jerárquico percibirán un fondo estímulo conformado por el 5 por ciento de la recaudación mensual bruta -acumulada en forma anual- que obtenga el instituto en concepto de canon por las actividades derivadas del juego de azar.
A la vez, en la propuesta se dispone que el Tribunal de Cuentas ejerza el control de las operaciones y se ubica a la subsecretaría de Ingresos Públicos como vínculo entre el Instituto y el Ejecutivo provincial. Por otra parte, se plantea crear un programa denominado "Promoción y Orientación hacia un juego Responsable", destinado a prevenir el juego compulsivo.