Galicia no autorizará más tragamonedas hasta el 2016

Con esos propósitos, el Consello de la Xunta aprobó ayer un decreto por el que frenará la autorización de nuevas tragamoendas en Galicia en los próximos cinco años, de forma que su número máximo queda fijado en las 13.312 máquinas que están en activo en las cuatro provincias.

El decreto, con el que el Gobierno autónomo ejerce su competencia para planificar los juegos y apuestas en la comunidad, establece una excepción a esa congelación de licencias hasta el 2016. Según explicó Feijoo en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, la Xunta podrá otorgar nuevas autorizaciones cuando se registren bajas definitivas de 200 máquinas o más.

Ese escenario de bajas no es descabellado. De hecho, cuando el Ejecutivo gallego aprobó el anterior decreto en este ámbito, en el 2005, el número de autorizaciones de tragamonedas ascendía a 13.756, con lo que en cinco años el parque de esas máquinas ha perdido 444 unidades.

Galicia no es la primera comunidad que paraliza la concesión de licencias para explotar estas máquinas de azar. Al contrario. Es una de las últimas autonomías que se suman a un criterio que ya han implantado otras 12, con plazos de congelación que varían según la comunidad. Se trata de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia, País Vasco, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.

El Gobierno de Feijoo enmarca esta apuesta por limitar las autorizaciones de tragamonedas, que entrará en vigor el 1 de enero del 2011, en la necesidad de planificar esta modalidad de juego y racionalizar su oferta, “teniendo en cuenta su realidad, su incidencia social, sus repercusiones económicas y tributarias, y no el fomento de su hábito”. Sostiene que la “autorización sin control” de estas máquinas “puede perjudicar el equilibrio en la práctica de este juego”.

En relación a la vertiente preventiva del decreto, la Xunta argumenta que una política favorable a la concesión de nuevas autorizaciones de tragamonedas “puede dar lugar a un aumento de las conductas de ludopatía”, e incluso a que la Administración no pueda controlar debidamente el acceso que menores de edad o personas con alguna discapacidad puedan tener a este tipo de juegos. El Gobierno gallego pretende, en definitiva, lograr una mayor seguridad jurídica en esta materia, “debido a las implicaciones jurídicas, económicas y tributarias que caracterizan los distintos subsectores del juego”, expone.

Los Presupuestos del 2011 contemplan que estas máquinas tragamonedas deberán abonar cuotas anuales que oscilarán entre los 500 euros de las más baratas y los 5.460 de las más avanzadas y que generen más recaudación.