El titular de la Tesorería Municipal, Hugo Alberto Michel Uribe, dijo que este incremento no busca “prohibir o inhibir” tal actividad, sino fortalecer las finanzas públicas para poder responder a los efectos que puede traer sobre la sociedad.
La dependencia elaboró un informe sobre los antecedentes de otras ciudades mexicanas con respecto a los casinos, sobre el que comentó Michel Uribe:
“En muchos lugares ese efecto tarda un tiempo, se instala el casino y no se convierte en un problema de salud pública sino al cabo de varios años, cuando ya la gente, como dice la literatura especializada, incluso delinque para obtener dinero para seguir jugando, esa clase de efectos sociales y de salud pública, más lo relacionado con una mayor incidencia de delito, entonces (fue) en razón de eso (el aumento)”.
El funcionario pidió recordar que la experiencias de las ciudades mexicanas con los casinos siguen siendo “relativamente nuevas”, por lo que se tendrá que ir aprendiendo sobre la marcha acerca de esos efectos que él llamó “externalidades”: “Estas externalidades llevarán a que el gasto público aumente, creo que en buena medida el gasto público municipal, en la medida en que hay que vigilar más las calles, tratar a los enfermos del juego, prevenir el delito, emprender diversas acciones y campañas, y una manera de compensarlo sería con un cobro mayor de licencias y otros conceptos para esos giros”.
También se considera un cobro de cinco mil pesos (U$S 390) por cada máquina de juego en el dictamen que aún debe ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento.