“Preocupan profundamente los anuncios acerca de la regulación de miles de tragamonedas”

Yogonet.com entrevistó a Gloodtdofsky para consultarle las razones que motivaron el pedido de informes, los principales problemas de la industria del juego en su país y su opinión sobre la gestión del director general de Casinos del Estado, Javier Chá. Respecto a este último punto, declaró: “Nos preocupa profundamente sus anuncios acerca de la regulación de miles de máquinas tragamonedas”.

Aníbal Gloodtdofsky es representante nacional por el Partido Colorado en representación del departamento de Montevideo. Anteriormente, se desempeñó como edil por la ciudad de Montevideo e integró diversas comisiones relacionadas al juego.

¿Por qué decidió pedir un informe sobre la cancelación de la licitación pública internacional por parte de la DGC?
Porque la simple lectura del comunicado llama a confusión ya que se aparta de las normas que regulan los llamados a licitación establecidas en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). En dicho comunicado se deja “sin efecto” una licitación, y se llama a presentar ofertas directamente ante la DGC. ¿Bajo que reglas? ¿En qué condiciones? Es una invitación totalmente “sui generis” apartada de todas las  reglas que rigen la contratación pública. Según el referido TOCAF, se puede invitar a contratar directamente cuando la licitación pública haya sido declarada desierta (inexistencia de ofertas) o cuando las ofertas no fueron válidas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes. Según nos hemos informado, hasta ahora ninguna de estas situaciones se había presentado.
Tampoco es el trámite previsto para los llamados a expresiones de interés, ni se advierte que puedan existir otras causales de excepción que habiliten la contratación directa. Ante todas esas dudas hemos formulado el pedido de informes para conocer la decisión, sus fundamentos y cuáles son los procedimientos y las condiciones que se seguirán en el futuro para adjudicar los proyectos que se presenten en el marco de esta extraña “invitación” que formula la DGC. No nos olvidemos de que desde hace algunos años en el Uruguay el tema de los casinos viene estando en la picota pública y en la justicia penal, razón por la cual entendemos que hoy, más que nunca, el Estado debe actuar con transparencia y en el marco de procedimientos competitivos, públicos y legales.

¿Cuál es la evaluación que hace de la nueva gestión de la DGC a cargo de Javier Chá?
Aún no es momento para hacer una evaluación de su gestión ya que hace tan sólo cinco meses que se encuentra desempeñando el cargo. Pero nos preocupan profundamente sus anuncios acerca de la regulación de miles de máquinas tragamonedas que funcionan en cientos de locales en todo el país (kioscos, bares, clubes sociales, cantinas, etc.) sin autorización del Estado, sin control de clase alguna, sin aportar nada a las arcas públicas y llegando a todos los barrios y localidades del país, aún a los lugares más carentes de recursos. Sus afirmaciones más que frenar el fenómeno han provocado una verdadera “explosión” del fenómeno que, a esta altura, supera ampliamente el parque de slots instalado en las salas y casinos explotados por el Estado uruguayo.
Este anuncio de la “regulación” de la explotación de una modalidad juego de azar constituye una verdadera privatización del juego en el Uruguay, que siempre estuvo en manos del Estado o bajo concesión de éste y ahora, según pretendería el Gobierno, pasa a ser un negocio de algunos privados, sin control, sin contraprestaciones económicas, sin procesos competitivos, sin garantías.
En caso de prosperar esta iniciativa, Uruguay se vería expuesto a vivir los graves problemas que atraviesan otros estados latinoamericanos (Perú y Chile, por ejemplo) que optaron por regular y ahora se dan cuenta qué lejos estuvieron de solucionar el problema.

Según su opinión, ¿Cuáles son los principales problemas que afronta la industria de juegos de azar y casinos en Uruguay? ¿Cuáles serían las soluciones?
Creo que el manejo que se ha dado hasta hace poco tiempo en el Uruguay en materia de explotación de juegos de azar y casinos ha sido muy conveniente. El juego, como vicio social que es, siempre ha estado en manos del propio Estado o bajo régimen de concesión a particulares bajo férreos controles y auditorias (Casino Conrad, juegos de quinielas, apuestas hípicas). La participación de particulares en la explotación del juego ha generado fuertes ingresos impositivos para las arcas públicas y, muchas veces, ha estado asociada a la realización de inversiones millonarias en hotelería de categoría internacional o a la actividad hípica. No debemos olvidarnos de que los primeros hoteles cinco estrellas con los que contó el Uruguay (Conrad, Radisson Victoria Plaza) o el propio Hipódromo Nacional de Maroñas surgieron como inversiones asociadas a la participación en casinos y salas de slots y hoy son el soporte de miles de puestos de trabajo formales.
Ahora, pienso que el principal problema es la falta de políticas claras. Creo que esas políticas pasan por cuatro ideas básicas: que el juego continúe en manos del estado o bajo concesión de éste a partir de procesos competitivos y transparentes; que se habiliten nuevas salas o casinos en aquellos lugares donde sea estrictamente necesario para fomentar una inversión relevante e imprescindible, no queremos que Uruguay se convierta en Las Vegas, el juego debe estar orientado hacia el turismo y a los uruguayos con más poder adquisitivo, y no hay que volver más angustiosa la situación de los uruguayos de menores recursos; el Estado debe velar por la protección de los ciudadanos llevando adelante políticas preventivas y de apoyo a quienes caigan en la adicción al juego; por último, que el resultado de la explotación del juego tenga un retorno a la sociedad a través de ingresos para el Estado y la generación de puestos de trabajo de calidad que aporten a la seguridad social. 

¿Qué cambios son necesarios a nivel legislativo y regulatorio para impulsar la industria de juego uruguaya?
Creo que sería conveniente reflotar un proyecto de ley remitido en el año 2009 por el ex Presidente Tabaré Vázquez, por el cual se proponía penalizar como delito la explotación del juego de máquinas tragamonedas que no cuentan con la autorización del Estado.
También considero que el parlamento y el propio Poder Ejecutivo deben estar atentos a los avances del juego por Internet que compite con el propio Estado en la explotación del juego extrayendo recursos del país sin ninguna clase de contrapartida con la sociedad uruguaya. Toda industria que pretenda prosperar debe tener reglas claras y transparentes para todos los operadores, debiéndose respetar las condiciones que se les brindaron al momento de decidir invertir en el Uruguay. Las salas y casinos, los juegos de quiniela, la lotería o las apuestas hípicas deben estar en la prensa por lo que aportan a la sociedad en recursos, en entretenimiento, en fomento del turismo y no como ha venido ocurriendo en los últimos años que se han constituido en verdaderos escándalos judiciales.

¿Cuál es la evaluación que hace del sistema mixto para la operación de casinos hasta la fecha?
En general el sistema ha sido de gran utilidad para que se realicen millonarias inversiones  en el Uruguay y para que las salas y casinos que explota el Estado uruguayo incrementen en número y en calidad de servicios, redundando en resultados más eficientes y mayores recursos para el Estado. Además ha ayudado a la mejora de la calidad de los servicios turísticos y en el desarrollo de mano de obra especializada en el sector. También ha sido determinante para que alrededor de la actividad del Hipódromo Nacional de Maroñas se desarrolle todo el turf nacional generador de decenas de miles de empleos.