Argentina: autorizaron en Buenos Aires las promociones en los bingos

Se trata de beneficios adicionales a los premios que ofrecen las máquinas de azar a los apostadores. Se fijan en algunos casos a partir de un umbral de monto apostado (por ejemplo, más de 250 pesos) o a partir de la compra de fichas con tarjeta de débito o crédito. La oferta lúdica incluye además otros favores para quienes asisten a las reuniones de juego: los conocidos "pozos gigantes" o los sorteos de vehículos u otros bienes.

El miércoles, ingresó un pedido de legisladores de la oposición para que el Instituto deje sin efecto la disposición. Lleva la firma de los diputados Walter Martello (Coalición Cívica) y Abel Buil (Generación para un Encuentro Nacional). Además, la ONG Funda Mental –que lucha contra la ludopatía– anunció que irá a la Justicia. El presidente de la entidad, Daniel Romeo, dijo que "es una contradicción que el Estado promueva el juego a través de estos beneficios. Y constituye un claro favor a las empresas privadas que operan los bingos".

Estas "promociones" se extendieron en los últimos años en el Conurbano bonaerense y el interior de la provincia. En ese escenario, el Instituto de Lotería decidió fijar las pautas de funcionamiento de estas herramientas. "Es función del Estado crear una norma que asegure que los sistemas promocionales sean justos, seguros y se puedan auditar y operar correctamente", dice la resolución 522 de 2010 publicada en el Boletín Oficial.

La disposición obliga a los concesionarios de los bingos a "informar con cinco días de anticipación al inicio de cada mes, la cantidad de créditos promocionales que pondrán en juego". Y además exige a la "banca" canjear por dinero en efectivo los créditos obtenidos por alguna promoción.

Todo quedará regulado por la disposición oficial. Sin embargo, la decisión provocó reacciones.  "El Estado estaba ausente. El Instituto reconoce que debe reglamentar algo que ya existía sin control", dijo Martello.

Buenos Aires recaudó en los dos primeros meses del año 346 millones de pesos (U$S 88.621.800) en concepto de apuestas. Casi un tercio va al presupuesto educativo. Sin embargo, la oposición plantea que el juego en la Provincia factura casi 8.100 millones de pesos (U$S 2.074.670.000). Y que el canon que pagan las firmas que administran las tragamonedas resulta mínimo.