Esto es gracias a modificaciones que se introdujeron a la vieja Ley 1.421 y antes de la sanción definitiva que le dio la Cámara de Senadores y que incluía en la restricción a todos los empleados y funcionarios públicos, provinciales, municipales o de entes autárquicos y de control y a los funcionarios de las entidades de economía mixta en las que la provincia tenga ingerencia en su administración.
La iniciativa, presentada originalmente por el senador justicialista Miguel Serralta y apoyada por el cobista Sergio Bruni, fue avalada por la mayoría de los senadores, entendiendo “que era injusto que todos los empleados o los funcionarios no pudieran ingresar, por ejemplo, a los casinos. De esa forma se va a evitar que del delito dependa el grueso número de personas que estaba contemplando y en muchos casos que quienes infringían la ley dejen de incurrir en una violación a la norma”, consideró Carlos Aguinaga (PD).