Las máquinas tragamonedas operan de forma ilegal en la mayoría de los casos, y según fuera denunciado mediante programas periodísticos de televisión, un nuevo cargamento de estos juegos fue introducido el año pasado a la nación dominicana aumentando en 18 mil nuevos aparatos colocados en colmados, billares e incluso en salones de bellezas en toda la geografía nacional.
Estimados oficiales dan cuenta de que una sola máquina tragamonedas que funcione de manera ilegal en un barrio, mueve RD$ 80.000 mensuales (U$S 2.183), sin control, sin el pago de impuestos, por lo que el Estado, que cobra RD$ 4.000 (U$S 109) mensual si están ubicadas en Santo Domingo y Santiago, y RD$ 3.500 (U$S 95,5) si son operadas en cualquier otra ciudad del país, deja de recibir mucho dinero a causa de la ilegalidad.
Así mismo, cifras oficiales dan cuenta de que el fisco deja de recibir unos RD$ 80 millones (U$S 2.183.530) mensualmente por impuestos dejado de pagar por los operadores de estas máquinas de juego. Este negocio, poco regulado en el país, mueve cerca de RD$ 17.800 millones (U$S 485.836) al año, cifra escandalosa que contrasta con los bajos presupuestos que perciben ministerios como el de Salud y Educación de un país que, además, enfrenta serios problemas en áreas vitales como la del suministro de energía eléctrica, de la cual se suplen estos equipos muchas veces en forma ilegal.
El ministerio de Hacienda de la República Dominicana habría sometido ante el Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado un proyecto de ley en búsqueda de que estos equipos no fueran instalados en colmados, billares, bingos, bares y bancas de apuestas, y sólo autorizará su uso en los casinos, al detectarse esa vez más de 15.000 de estos aparatos operando de forma ilegal y sin ningún control, siendo por demás utilizados por menores de edad en los barrios y comunidades dominicanas, con el consabido impacto negativo sobre la conducta y la formación de niños y jóvenes.
En esa ocasión diferentes instituciones deportivas y comunitarias, como el Comité Olímpico Dominicano, la Pastoral Juvenil, el Arzobispado dominicano, la Sociedad de Sicólogos, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, y de juntas de vecinos de Santo Domingo Oeste, entre otras entidades comprometidas a evitar que niños y jóvenes sigan apostando y perdiendo dinero en ese tipo de juegos, le dieron el espaldarazo al citado proyecto que luego de llegar a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo fue engavetado hasta el día de hoy.
Hasta ese momento Hacienda sólo tenía registradas 5.269 máquinas tragamonedas legales y estima que hay más de 15.000 operando de manera ilegal, ya que no tiene ni una sola solicitud de permiso de importación de esas máquinas para las bancas de apuestas.