Según la abogada Guillermina McDonald, la orden de arresto domiciliario dispuesto por el fiscal especial contra el crimen organizado es un castigo porque el político panameño no quiso declarar sobre las investigaciones que se le siguen por el presunto delito de lavado de dinero, producto de actos de corrupción.
"El ex presidente se encuentra detenido en su casa ilegalmente", expresó la jurista en defensa de su cliente, quien también tiene prohibido salir del territorio panameño mientras se llevan a cabo las investigaciones.
La defensora de Pérez Balladares afirmó que en estos momentos Panamá experimenta un "Estado de inseguridad jurídica".
McDonald afirmó que el ex mandatario no ha hecho ningún movimiento para evitar que el fiscal haga sus investigaciones contra los señalamientos que pesan sobre su cliente.
Una comisión asesora del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) se reunirá en su sede partidaria para analizar la situación jurídica de Pérez Balladares, quien pertenece a las filas de esta fuerza política.
El ex mandatario afronta esta investigación por sus vínculos con la empresa Shelf Holding Inc., que recibió pagos constantes de la sociedad Lucky Games S.A., favorecida por una concesión gratuita para operar casinos durante su gobierno.