Edición Latinoamérica
14 de Agosto de 2020

La empresa está acusada de entregar sobornos a funcionarios del Estado

Ecuador: Ascabi critica a las autoridades que dejaron operar a Invermun

(Ecuador).- Ni las disposiciones legales, ni resoluciones del anterior Tribunal Constitucional (TC) consiguieron que las salas de juego de Invermun dejen de funcionar en el país. La empresa está acusada de entregar sobornos a actuales funcionarios del Estado, a cambio de permitir la apertura de sus establecimientos.

S

egún la Ley de Turismo, vigente desde diciembre del 2002, para estas actividades se requiere el registro y la licencia de parte del Ministerio del ramo y los casinos sólo pueden operar en hoteles de lujo o de primera clase. Invermun y sus empresas vinculadas no cumplen con estos requisitos.

Pese a la serie de cuestionamientos presentados ante las autoridades del Gobierno por la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador (Ascabi) desde 1999, ninguna autoridad hizo cumplir la ley.

La presentación de amparos en distintas poblaciones con el respaldo de los jueces, el cambio de nombres de las empresas, su razón social y de representantes legales se convirtieron en sus herramientas para abrir 84 establecimientos en el país y tener más de 7.000 máquinas tragamonedas.

El ex presidente de Ascabi, Anston Lowndes, dijo que cuando informó esto a las autoridades los representantes de Invermun lo demandaron y lo persiguieron. Explicó que en 1999 esta empresa vino al país y pidió invertir en el sector, pero al conocer las condiciones y los requisitos, prefirió hacerlo de manera ilegal.

“Todo empezó cuando interpusieron un recurso en Tosagua por la clausura a uno de sus locales. El juez José Luis Zevallos aceptó el amparo y resolvió que ninguna autoridad pueda limitar la actividad”, dijo Lowndes. Hechos similares se produjeron en Guayas con el juez Jorge Moreno y en Santa Elena.

Pero el papel de las autoridades del Estado genera dudas, pues existen otras disposiciones legales que tampoco se ejecutan actualmente. 

El desaparecido TC emitió en 2002 una resolución favorable a un amparo interpuesto por los ciudadanos Reinaldo Páez, Omar Alfaro, Roberto Pavón y Carlos Espinosa, en la que ordena al Ministerio de Gobierno, de Turismo y otras instituciones a no otorgar licencias e impedir el funcionamiento a salas de juegos con tragamonedas, al margen de la ley.

En 2006, la ex ministra de Turismo, María Isabel Salvador, también presentó un recurso, en el que solicitó un pronunciamiento en relación con la instalación y funcionamiento de tragamonedas en lugares distintos a hoteles. El TC resolvió que esa Secretaría de Estado sí tiene la facultad de velar por el cumplimiento de la ley.

Lowndes reconoció los esfuerzos de las ex ministras de Turismo, Rocío Vázquez, Gladys Eljuri e Isabel Salvador, en impedir la apertura de salas de juego ilegales como Invermun, pero señala que no se pueden cerrar porque detrás existen intereses poderosos.

Desmintió, además, las declaraciones del ex empleado de Invermun, Jaime Solórzano, quien aseguró que el presidente del TC, Patricio Pazmiño, le envió una carta en la que afirmaba que esa empresa trabajaba legalmente.

El patrimonio de los colaboradores directos del presidente Rafael Correa será auditado por la Contraloría y la Fiscalía para determinar un posible enriquecimiento ilícito. El pasado jueves, las autoridades de las instituciones de control coincidieron en la necesidad de revisar dichos patrimonios, tomando en cuenta la gravedad de las denuncias del ex ejecutivo de Invermun, Jaime Solórzano, que da cuenta de la entrega de coimas para el funcionamiento de los casinos.

El contralor Carlos Pólit solicitará a los funcionarios implicados la entrega de una actualización de su declaración de bienes, a fin de hacer una comparación con la que presentaron al inicio de su ejercicio del cargo. Mientras, el fiscal Washington Pesántez pedirá a la Contraloría la realización de exámenes especiales a los patrimonios de los secretarios Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; y general de la Administración Pública, Vinicio Alvarado Espinel.

El examen se realizará también al secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado; al intendente de Policía del Guayas, Julio César Quiñónez; al funcionario de Procuraduría, Juan Borja; al ex jefe Político del Guayas y actual asambleísta de PAIS, Juan Carlos Cassinelli; al ex intendente del Guayas, Ricardo Ron. También se tomará en cuenta al ex asesor del Ministerio de Trabajo, Javier Veintimilla; y, al teniente político del Guayas, Luis Monge.

 

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