En España, la legislación fiscal exime del pago de impuestos sobre los premios de loterías, juegos y apuestas a los operadores nacionales, pero en cambio no otorga ese privilegio a los operadores que operen juegos de la misma naturaleza desde otro país de la UE.
La diferencia de trato discriminatoria ante las dos opciones por parte de España ha sido el motivo de la condena de la UE que cree que esta decisión no cumple con el principio comunitario de la libre prestación de servicios entre los países miembros.
En España, el sector no cuenta con una regulación a nivel nacional aún habiéndose publicado hace casi dos años la Ley 56/2007, de 28 de diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información en la que, en su disposición adicional vigésima, el Gobierno se comprometía a presentar un Proyecto de Ley para regular las actividades de juego y apuestas por Internet. Dicha regulación garantizaría el trato igualitario entre operadores y ofrecería un marco regulatorio que beneficiaría a usuarios, empresas, y Estado.