Según servicios jurídicos, la Intendencia de Montevideo "incumplió" leyes

Uruguay: el Tribunal de Cuentas objetó la legalidad de la concesión del Hotel Casino Carrasco

06-08-2009
Tiempo de lectura 3:28 min
(Uruguay).- Los servicios de auditoría y jurídicos del Tribunal de Cuentas aconsejaron que ese organismo observe la licitación del Hotel Casino Carrasco por considerar que la Intendencia de Montevideo "incumplió" leyes y los propios pliegos del llamado.

Los ministros del Tribunal de Cuentas valorarán en esta jornada el informe de jurídica y de los auditores, los cuales enumeran una serie de cuestionamientos a la comuna por otorgar el 21 de mayo de este año la concesión del Hotel Casino Carrasco al Grupo Codere.

El consorcio Codere-Sofitel esperaba iniciar las obras de refacción del Hotel Carrasco cuando la licitación tuviera el visto bueno del Tribunal de Cuentas, y anunciaba que las mismas estarían listas a comienzos de 2011.

Representantes de Codere señalaron que harían una inversión de unos U$S 63 millones, distribuidos de la siguiente manera: reconstrucción del hotel, U$S 38 millones; casino, U$S 16 millones; entorno del hotel, U$S 6 millones; y capital destinado al pago de salarios de obreros durante la construcción, U$S 3 millones.

El 11 de junio de este año, la Junta Departamental de Montevideo aprobó la adjudicación al grupo Codere de la concesión del Hotel Casino Carrasco. El asunto contó con los votos de la bancada oficialista y de cuatro ediles colorados. Los tres ediles blancos votaron en contra de la adjudicación.

El proyecto de resolución del Tribunal de Cuentas señala que el balance presentado por el Grupo Codere durante la licitación "no brinda el nivel de confiabilidad necesario" sobre la razonabilidad de la situación patrimonial de la sociedad, "siendo ésta de reciente constitución y sin patrimonio significativo".

Esa situación fue detectada por la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), destaca el informe de los servicios del Tribunal de Cuentas.

En sus considerandos, el proyecto de resolución indica que el consorcio adjudicatario de la concesión cuenta con un capital social de $ 300.000, por lo cual "no acredita" suficiente solvencia financiera como lo establecen las normas que rigen los llamados de reparticiones estatales (Tocaf).

Tras el fracaso de la concesión a la firma Carmitel ocurrida durante la administración de Mariano Arana (Vertiente Artiguista), el intendente Ricardo Ehrlich (MPP) trató de asegurarse por todos los medios la solvencia económica del grupo ganador de la licitación.

Sin embargo, los servicios jurídicos y técnicos del Tribunal de Cuentas señalaron que el estado de situación financiera de las empresas participantes se obtuvo con información suministrada por personas físicas ajenas al procedimiento licitatorio, ya que se evaluaron las economías de sociedades "vinculadas indirectamente" al Grupo Codere. Estas sociedades, agregaron, "no revistan la calidad de accionistas" de este consorcio "ni participan en forma directa en su capital social".

Los servicios del Tribunal de Cuentas también cuestionaron que los distintos oferentes a la licitación no acreditaron sus capacidades para la gestión del hotel o del casino, recurriendo a la actuación de terceras personas, con excepción de la firma Argentur Inversiones Turísticas S.A (Pestana). Esos oferentes violaron así el artículo 4 del Pliego de Condiciones de la concesión, según el documento a estudio de los ministros del Tribunal de Cuentas.

Estos oferentes, agrega el documento, no se presentaron como consorcios o con intención de consorciarse con otras firmas expertas en casinos o en hotelería. Estas eran las únicas posibilidades que les otorgaba el pliego.

"Aún más, en el caso de la adjudicataria (Grupo Codere), a la apertura de las ofertas, su objeto social no incluía la gestión de un casino", advierte el informe al Tribunal.

El Grupo Codere también fue cuestionado por los servicios jurídicos y auditoría del Tribunal de Cuentas por "contravenir" el artículo 4, numeral 4, del pliego de la licitación, al presentar para la gestión del hotel, una carta compromiso con Accor Argentina S.A., "sin su expresa declaración de responsabilidad solidaria" frente a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

Pese al celo de la Intendencia de Montevideo por contratar con un grupo financiero solvente, los servicios técnicos del Tribunal de Cuentas constataron que el Grupo Codere "no acreditó" sus fuentes de financiamiento durante el llamado. De esa forma, la adjudicataria actuó "contraviniendo" el artículo 16 del pliego y la interpretación de la comuna que exigían que dicha información estuviera disponible al momento de la apertura de ofertas.

El documento de los servicios jurídicos y auditoría del Tribunal de Cuentas critica a la Intendencia de Montevideo por "modificar" las bases de la contratación en forma posterior a la apertura del llamado, al expresar que a la presentación de las ofertas correspondía "mencionar" y no "acreditar" la disponibilidad de las fuentes de financiamiento de las oferentes. Este extremo sería controlado como condición de la licitación, según el pliego de condiciones. De esta forma, reza el documento de los servicios del Tribunal de Cuentas, la IMM actuó "contraviniendo los principios de igualad y concurrencia" de las empresas oferentes.

Las críticas a la propuesta hotelera del Grupo Codere no son menores. "La adjudicataria presentó una oferta condicionada en cuanto a que la gestión del hotel quedará a cargo de una tercera persona ajena al proponente, con quien no asumió un compromiso directo y cuya concreción se posterga hacia el futuro, dependiendo de las condiciones en que se negocien en su oportunidad", señala el informe. De esta forma, agrega, el Grupo Codere incumplió el artículo 1° del pliego, por lo que su "oferta debió ser rechazada" por la IMM.

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