Fabricantes y operadores se manifestarán hoy ante el Parlamento uruguayo

El proyecto busca prohibir los slots en clubes, bares y cantinas, estableciendo penas que van desde los tres meses de prisión a los tres años de penitenciaria.

Gibbern expresó que el Poder Ejecutivo emite este proyecto porque es "más fácil prohibir que reglamentar". Según explicó, AUFOJE hace cinco años que viene planteando la necesidad de regular y reglamentar la actividad, "la cual no es ilícita, ni legal, ni contraviene ninguna norma, simplemente no está regulada". Esto constituye un vacío en la actividad del Estado, que no cumple con su deber de legislar, y entonces "hay un descontrol total".

Los fabricantes y operadores también reclaman el pago de un canon, sin embargo, como el Estado no brinda ninguna contraprestación, no hay un canon específico. Gibbern explicó que actualmente todas las empresas pagan un monto a la DGI, "pero si el Estado no lleva un registro de las máquinas, ni del propietario, no dice dónde se pueden colocar máquinas, ni habilita locales, qué canon vamos a pagar", se cuestionó el representante de AUFOJE.

Gibbern señaló también que llama la atención que al tiempo que se busca prohibir esta actividad en lugares comerciales, el mismo presidente Tabaré Vázquez aprobó la semana pasada un decreto de megalicitación de 29 salas, que amplia el sistema mixto de exportación de complejos turísticos, comerciales, culturales y deportivos.

Al respecto, explicó que este decreto es "inconstitucional" porque no es ley y además porque el Poder Ejecutivo no se puede autorizar a sí mismo a tener casinos y salas, sino que necesita la autorización del Parlamento. Por otra parte, el decreto está siendo cuestionado por el departamento jurídico de la misma Dirección de Casinos.

AUFOJE entiende que detrás de este proyecto del Poder Ejecutivo de prohibir los tragamonedas en clubes, bares y cantinas, así como de la aprobación de la megalicitación, hay un grupo muy poderoso que presiona, como la banca privada, los inversionistas y los empresarios que trabajan en el negocio.

"Ya tienen el monopolio de los juegos de hecho, no de derecho (son los dueños de la Quiniela, el 5 de Oro, la Raspadita) y ahora van por los tragamonedas", afirmó Gibbern, al tiempo que estimó que a la fuerte presión económica que existe se suma la campaña electoral y la coerción de los agentes internacionales, como es el caso de Marcelo Tinelli que al parecer estaría interesado en los casinos de Uruguay.

Hace unos días atrás AUFOJE anunció que demandaría al Estado por U$S 10 millones por daños y prejuicios, violación de la ley de competencia y persecución entre otros.

Su representante explicó que esta instancia todavía no se ha llevado a cabo porque van a ser recibidos por la comisión de Hacienda y además porque están esperando todos los expedientes de los 34 juicios que perdió el Estado respecto a la actividad comercial de los tragamonedas. Sin embargo, aseguró que cuando reúnan toda la información la van a presentar.