Uruguay: operadores de juegos electrónicos presentarán una demanda contra el Estado

El martes pasado, el presidente Tabaré Vázquez envío un proyecto de ley al Parlamento que busca prohibir los slots en clubes, cantinas y bares, en el entendido de que esta actividad "estaría generando distintos prejuicios a la sociedad". Estos son: la ausencia de garantías y controles en lo que se refiere al monto abonado y la eventual adulteración del resultado del juego, la importante participación de menores y un prejuicio para el Estado que "no es menor".

Gerardo Dibbern, representante de la asociación, sostuvo que con este proyecto, el Estado quiere tener "el monopolio de la actividad en los hechos y no de derecho", cuando ya tiene una posición dominante, cosa que no debería ser así porque en el país rige una ley de libre competencia.

Por otra parte, el representante de AUFOJE indicó que la asociación tuvo que hacer frente a una avalancha de juicios que la Dirección de Casinos realizó en su contra, cosa que entienden como una "persecución arbitraria".

"Hay más de 34 dictámenes judiciales favorables a nuestra posición", los cuales establecen que la actividad comercial de tragamonedas no contraviene ninguna norma ni penal, ni administrativa, explicó Dibbern.

En este sentido, manifestó que el Estado también ha violado el principio de "non bis in viden", el cual dispones que nadie puede ser juzgado dos veces por las mismas circunstancias. "La justicia ya se expidió, absolviéndonos, pero la Dirección de Casinos igual insiste, con la misma denuncia, contra las mismas personas, contra las mismas maquinitas y los mismos locales", agregó, dando cuenta que de esta manera el Estado está abusando totalmente del derecho procesal penal y de su posición dominante.

Indicó también que han sufrido daños y prejuicios, ya que alguna vez les incautaron las máquinas por un año y luego se las devolvieron en "muy malas condiciones".

Además, aseguró que el director de Casinos siempre se refiere a las máquinas de la asociación como "clandestinas", "y en un Estado democrático, republicano quien puede decir si una actividad es lícita o no es el Poder Judicial".

"Esto en algún momento se tiene que terminar y hay que ponerle coto final a esa seguidilla de juicios, por eso ahora vamos a emprender nosotros un juicio", expresó el representante, quien añadió que el Estado está actuando de forma "arbitraria y rozando con la inconstitucionalidad".