Aunque sin apoyar abiertamente la propuesta, el gobierno de Lula da Silva dio luz verde a los parlamentarios para que retomaran las discusiones.
La resistencia del Ministerio de hacienda al proyecto fue reducida ante la propuesta de recaudación de impuestos, por los bingos y casinos. También habría un pago de royalties mensuales de 15% de los recursos del establecimiento a la Unión y a los Estados, que serían aplicados en el área de salud.
El proyecto prohíbe la concesión de crédito a los apostadores para evitar endeudamientos, crea un archivo nacional de dependientes al juego y prevé que esas personas reciban apoyo profesional y sean prohibidas de frecuentar los establecimientos de juego.
Según la propuesta, cada ciudad podría tener un bingo cada 150 mil habitantes y habría, como máximo, diez casinos en el país (hasta dos por región). Los bingos serían obligados a mantener al menos 50 empleados cada uno. Para los casinos, ese número sería de 500 funcionarios.