Suárez se presentó en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde están situadas las oficinas de Sosa, junto a sus abogados Otto Richter y Dember Pedraza, éste último fue el que denunció un supuesto caso de tráfico de armas y denunció negligencia por parte del Ministerio de Gobierno.
Otto Richter, quien fue concejal cruceño por la Falange Socialista Boliviana (FSB) y abogado defensor del italiano prófugo Marco Marino Diodato, negó que su cliente haya tenido algún nexo con el grupo de Rózsa y mucho menos haya financiado a esta presunta organización irregular.
La Fiscalía determinó citar a Ronald Suárez por las relaciones que tuvo con Hugo Antonio Achá Melgar, representante de la empresa de juegos Antares y con el sobrino de este Pablo Melgar Egüez, representante de la empresa de entretenimientos Best Play.
Según el proceso de investigación, Suárez Salvatierra habría apoyado al grupo La Torre con equipos de comunicación Handys, habría financiado las actividades de la Unión Juvenil Cruceñista, al considerar que CorHat cuenta con recursos pues subalquila la licencia conferida por la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol) para la apertura irregular de un centenar de salones de juegos en Bolivia.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCN) informó que Suárez Salvatierra tuvo estrecha relación con el italiano prófugo de la justicia Marco Marino Diodato, acusado por el Ministerio Público del asesinado de la de la fiscal Mónica Von Borries, el 27 de febrero de 2004, quién fue la que investigó las denuncias contra el italiano.
Diodato fue detenido el 17 de junio de 1999, acusado de espionaje telefónico, funcionamiento clandestino de casas de juegos de azar, tráfico de armas, lavado de dinero, corrupción pública, uso de influencias y narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones, las casas de juego de CorHat, que fueron observadas por la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol) por subalquilar su licencia de manera irregular, recibiría la protección de la Prefectura de Santa Cruz y de un concejal cruceño y senador del MAS.