El Parlamento Europeo acuerda no unificar las leyes de los juegos de apuestas online

Por otra parte instaba los estados miembros para que adopten medidas paralelas en relación a los juegos de apuestas online, tanto en materia de limitación de edad, como en materia de publicidad.

La ausencia de regulación comunitaria supone a la práctica dejar a la discreción de cada estado miembro, tanto la protección del usuario como la apertura de cada estado miembro al libre mercado, por lo que atañe al juego online.

Por otro lado, fue rechazada una propuesta en la que se abogaba para una regulación comunitaria de la materia, como cualquier otra actividad económica. La misma hubiese posibilitado la creación de un marco global de libertad en la prestación de éste tipo de servicios. El informe puso de relieve la ausencia de certeza alguna, al entorno de los supuestos daños que causan los juegos de apuestas online.

Por otra parte Clive Hawkswood, Presidente de la RGA (Remote Gambling Association), asociación relacionada con el ámbito de los juegos de apuestas en Internet, puso de manifiesto que la decisión adoptada por el Parlamento Europeo tendía más a proteger un "statu quo" en la Unión, que a una protección de la integridad de los juegos de apuestas online, como de hecho debería ser el propósito de la regulación.

Además, el legislativo español tenía pendiente la redacción de la llamada "Ley de Impulso de la Sociedad de la Información", que debería resolver problemáticas tributarias y administrativas. Sin embargo la normativa, que saldrá a la luz el próximo 13 de octubre de 2009 de este año, no ofrece ningún tipo de regulación de los juegos online, se limita a distribuir toda la materia de los juegos online a las normas preexistentes.

El estado actual es que todo lo que concierne a la organización de eventos que impliquen juegos de apuestas, eso incluye a los casinos online, se encuentra sujeto a una ley de 1977 (que liberalizó tímidamente un sistema monopolístico de estado).

Son varias las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que apuntan a una necesidad de modernización de la regulación española. La sentencia Gambelli y Placanica, en particular, propició una mayor liberalización en el mercado español, en materia organización de eventos.