Dueños de slots piden al Estado uruguayo que regule la actividad

La Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (AUFOJE) reúne a 40 empresarios de ese rubro, quienes sostienen que su negocio es legal, pero afirman que son partidarios de pagar un canon al Estado a cambio que éste de certeza jurídica, reglamentando y controlando el negocio. El lunes, AUFOJE presentará una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la que le solicitará ser recibida y que estos slots no sean prohibidas, como reclama el director de Casinos del Estado Fernando Nopitsch.

La solicitud irá acompañada de 32 mil firmas reunidas en dos meses, de consultas jurídicos de los doctores Milton Cairoli, Gonzalo Fernández (antes de asumir cargos en el Estado), Jaime Sapolinski y Carlos Delpiazzo, que sostiene este rubro es legal y no penalizable por la Justicia. Aportarán además fallos judiciales favorables en 31 juicios iniciados por la Dirección de Casinos del Estado, informó Gerardo Dibbern, asesor letrado de AUFOJE.

"Los asociados pagan los impuestos debidos, los aportes al BPS y a la DGI, y los impuestos de aduanas cuando viene el software", indicó el abogado. Agregó que no pagan ningún canon específico, porque no reciben ninguna contraprestación del Estado.

"Es lo que estamos reclamando, un registro de máquinas, de propietarios, que se pueda fiscalizar, que las máquinas estén homologadas por el LATU y determinar los lugares y la cantidad de máquinas en cada uno de ellos", señaló. "La situación hoy es un caos que queremos terminar y la única solución es a través de una ley, pero lo que queremos es mantener la actividad y las fuentes de trabajo", agregó.

La gremial sostiene que la máquina es un entretenimiento y no el giro principal, por ejemplo, de un bar o una cantina, sino un giro accesorio. "Pero para eso se necesita una ley que diga cuántas máquinas se puede permitir", agregó.

Dibbern no ocultó la molestia de AUFOJE con Nopitsch, quien es partidario de prohibir estos slots e inclusive impulsa un proyecto de ley con ese fin.

"Tenemos 31 juicios ganados a la Dirección de Casinos y lo que dice Nopitsch de que hay procesados (por tener estos slots en comercios) no es cierto", expresó el abogado. "Nopitsch falta a la verdad. El Poder Judicial ha sido casi unánime en cuanto a considerar que no se contraviene ninguna norma ni administrativa ni penal. El único procesado es el ex director de casinos, Juan Carlos Bengoa", recordó.

Según Dibbern el director de Casinos "está desconociendo al Poder Judicial y a los legisladores", ya que la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados votó por unanimidad que esta actividad debería ser regulada y reglamentada por el Estado.

Dijo que aún ese punto no pasó al Plenario de la Cámara porque Nopitsch "sigue con la misma teoría de su antecesor Bengoa, de negociados con empresas extranjeras para beneficiar a multinacionales del juego y matar al pequeño comerciante". Anunció que AUFOJE prevé realizar una denuncia por difamación contra Nopitsch.

Son unos cuatro mil los slots de los miembros de AUFOJE, "pero hay un mercado paralelo que no es parte de la asociación", por lo que no existen cifras exactas sobre la cantidad de slots que hay en bares, cantinas y otros comercios, indicó Dibbern. Agregó que en este rubro hay más de 3.000 puestos de trabajo directos y ni una sola denuncia de estafa respecto de estas tragamonedas. "Las máquinas no estafan, pagan los porcentajes que ya vienen preestablecidos de origen y que son más altos que los de casinos, que son máquinas de paso", indicó.

La asociación que nuclea a 40 propietarios de tragamonedas no sólo prevé denunciar por difamación al director de Casinos, Fernando Nopitsch. También planea presentarse ante la Justicia para que cierren las salas de slots que, sostiene, fueron abiertas por decreto y sin ley habilitante. Lo mismo harán si se abren licitaciones para nuevas salas como anunció el Director de Casinos.

"Entendemos, al igual que el Poder Judicial, que nuestra actividad está basada en el principio de la libertad. Somos personas físicas y podemos hacer todo lo que no esté prohibido. En cambio el Estado, por el principio de especialidad necesita una ley que lo autorice a desarrollar determinadas actividades ", expresó Dibbern. "Muchas de las salas de casinos fueron habilitadas a través de un decreto, o sea que el Poder Ejecutivo se autorizó a sí mismo a explotar juego, lo que es una aberración jurídica, es inconstitucional e ilegal. Las salas que no fueron habilitadas por ley son ilegales", concluyó.

Un grupo de padres de diferentes partes del país reunieron 2.000 firmas solicitando que se prohíban las máquinas slots que están en comercios y no en los casinos. Mantuvieron reuniones con el director de Casinos y solicitaron ser recibidos por la ministra Marina Arismendi y el presidente del INAU, Víctor Giorgi.

Héctor Silvera, miembro de ese grupo, manifestó la preocupación de sus integrantes por la existencia y cantidad de estos tragamonedas en diferentes comercios del país. Dijo que incluso vieron locales con más de diez slots, pool y tragos, que "son salas de juego". Según Silvera, el Parlamento debería acelerar el trámite legislativo para aprobar el proyecto de ley que prevé la prohibición de estos tragamonedas.