En una carta dirigida al obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, el secretario general de la Gobernación, José Scioli, aseguró haber "tomado nota de su preocupación por la difusión del juego" en la provincia y reconoció que el gobierno "está discutiendo el tema".
El gobierno provincial, ante el supuesto pedido de unos 15 intendentes, analiza crear nuevas salas de juego en la provincia, pero la Iglesia se posicionó en contra. El presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado había enviado una carta a la gobernación de Buenos Aires y a los jefes de todos los bloques legislativos de la provincia para reclamar que no se avanzara con el proyecto del juego.
El vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, se sumó ayer a las críticas: "Desde las parroquias se ve cómo el juego destruye familias enteras. No puede ser la forma normal de financiamiento de los municipios".
Ayer llegó la respuesta del gobierno a la Iglesia. Fue una misiva de tono cordial, en la que se invitó al diálogo, pero también se manifestó la voluntad de la provincia de regular el negocio de las apuestas.
Scioli escribió a Casaretto: "He recibido y tomado nota de su preocupación por la difusión del juego en nuestro territorio, tema que siempre ha motivado un profundo seguimiento por parte de la Iglesia, y que nuestro gobierno comparte plenamente". Y añadió: "Monseñor, queremos decirle que estamos a su disposición para ampliar la información que más de una vez compartimos y, sobre todo, escuchar sus sugerencias en este delicado tema".
El gobierno argumentó que ha combatido el juego ilegal y los casinos clandestinos, "que aumentan el delito y dañan la propiedad".
Y salió al cruce de un documento crítico de la Comisión de Pastoral Social de Córdoba, que advirtió sobre la inconveniencia de justificar el juego diciendo que el dinero que se recauda se invertirá en obras de bien. "El fin no justifica los medios", advirtió el documento de la Iglesia de Córdoba.
José Scioli -hermano del gobernador- respondió a esto: "Me permito disentir con la definición de una pastoral del interior del país de aplicar al caso la indiscutible máxima de que el fin no justifica los medios, que no ayuda a la tarea en la que estamos empeñados y que motiva su justa preocupación". Luego de enumerar sus argumentos, Scioli concluyó su misiva a Casaretto: "No encuentro en sus líneas ninguna insinuación de prohibición total del juego legal, como sí se ha pronunciado la Iglesia frente a graves temas que son del conocimiento público".
La frase pareció sugerir que no desistirá de intervenir en la actividad lúdica que se desarrolla en este territorio. El proyecto de ley para regular las apuestas y eventualmente ampliar las 46 salas de bingos instaladas en 32 municipios todavía no ingresó en la Legislatura. No lo hará antes de fin de año, informó un destacado legislador.
Los gremios de empleados gastronómicos (que conduce Luis Barrionuevo) y de juegos de azar (Daniel Amoroso) reclamaron la instalación de tragamonedas en los bingos de la Capital. En un comunicado, indicaron que los bingos tienen serias dificultades económicas y que podrían despedir a "miles de trabajadores".