"No conozco documento alguno en ese sentido y estoy cierto de que no hay tiempo para procesarlo. Tal vez el año entrante, pero por el momento en la Comisión de Turismo no tenemos ningún proyecto sometido a consulta", refrendó.
Destacó que es un tema a analizar a fondo y requiere del concurso de todos los sectores involucrados, por lo cual se podría llevar a cabo una consulta nacional en la que participarían empresarios, autoridades locales y federales, y representantes de la sociedad para que expresen sus opiniones.
"No podemos tomar decisiones unilaterales en un tema tan delicado", destacó el diputado perredista y, en ese ánimo, reconoció la disposición que han mostrado las autoridades de la Secretaría de Gobernación para participar en este proceso, con el fin de que los legisladores cuenten con todas las facilidades y la información oportuna.
Así, una vez conocidos todos los puntos de vista, dijo, se procedería a integrar una iniciativa de ley con la cual, una vez aprobada, se puedan regular los establecimientos de este tipo que ya operan en el país.
Martínez Vargas precisó que para llevar a cabo este análisis ya no hay tiempo en este periodo ordinario de sesiones que será clausurado el próximo jueves 11 de este mes, por lo que la iniciativa para crear una nueva Ley de Juegos y Sorteos podría presentarse en segundo periodo de sesiones (febrero-abril de 2009) del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura.
No se trata de prohibir, puntualizó, sino de regular una actividad que podría generar importantes fuentes de empleo, sobre todo en algunas zonas turísticas y en algunos otros de estados que presentan algún grado de marginación. Pero lo más importante, es evitar la infiltración del crimen organizado y el "lavado de dinero" en este sector.
Por todo lo que implica, señala Martínez Vargas, no se puede llevar a cabo una "legislación al vapor", no se puede legislar sobre las rodillas. Lo que se debe hacer es un estudio profundo del tema, con la opinión de expertos, para que esta actividad contribuya al desarrollo económico y no se le relacione como sinónimo de corrupción o de crimen organizado.