IVISA pagaría U$S 330 mil por la explotación de los juegos en San Juan

Según fuentes de la empresa, calculan que el monto rondará 1,1 millones de pesos (U$S 333.679) al mes, sacado en base a lo mejor recaudado en los últimos seis meses, pero "temen", según las fuentes, que el monto supere esa suma cuando se sienten a negociar con la Caja pero advierten que "no mucho más porque va atado a la conveniencia del negocio y además pesa la absorción del personal".

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves un proyecto del Ejecutivo que autoriza a la Caja de Acción Social, en representación del Gobierno Provincial, a negociar con IVISA un contrato de concesión para que la empresa se haga cargo de la explotación del juego en la provincia. Pero en la discusión parlamentaria se introdujo una variante en el tema del canon. El proyecto original hablaba de ese ítem a cobrar durante 20 años, sin mayores aclaraciones, por lo que se entendía que era un canon fijo. Pero en la discusión parlamentaria se introdujo una modificación que señala que estará sujeto "a una revisión anual".

Además del canon que acuerden con IVISA, la Provincia también recibiría alrededor de 400.000 pesos (U$S 121.338) por la alícuota del 10 por ciento de ingresos brutos que tiene el juego. Pero Ruiz Álvarez aclaró: "no estamos de acuerdo en lo que se ha dicho. Será materia de negociación".

Ahora IVISA maneja la explotación y mantenimiento de los tragamonedas y las ruletas electrónicas y hace el procesamiento de los datos de la quiniela con un contrato de locación de servicios, mientras que el Estado, a través de la Caja de Acción Social, maneja y explota los juegos de paño, la ruleta, el carteo, el bingo y la quiniela. Con el nuevo esquema se va a ampliar el contrato de concesión para que IVISA, pagando un canon mensual al Estado, maneje todo el juego, exceptuando la quiniela (pero conservando el procesamiento de los datos), y la Caja hará el control a través de auditorías contables periódicas.

Aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad, recibió algunas críticas del bloque basualdista. Por ejemplo, la diputada Lucía Sánchez cuestionó el período del contrato, de 20 años. "Se está eternizando la concesión. Hay que exigir garantías", dijo.

Otro tema que saltó en el debate fue el del personal. Según el proyecto, la concesionaria deberá absorber la totalidad de los empleados del casino, excepto los que no quieran el traspaso.

Según el diputado Gabriel Pacheco, delegado normalizador de la CGT y adjunto de UPCN, la empresa debe garantizar "los ingresos y la estabilidad". Pero en la iniciativa aprobada eso no figura. Sí el gerente general de la empresa, Darío Rosenzvit, ya adelantó que se va a garantizar antigüedad y remuneraciones y que van a tomar a todos los contratados.