Por lo que el Estado buscaría poner la sala en manos privadas

Argentina: el Casino de San Juan perdería más de U$S 180.000 al mes

10-11-2008
Tiempo de lectura 1:25 min
(Argentina).- Uno de los motivos para que el Gobierno Provincial tenga decidido traspasar la explotación del juego a manos privadas es porque en manos del Estado ahora genera pérdidas, calculadas en unos 600.000 pesos (U$S 182.043) mensuales, según se conoció ayer.

"Hoy en día estamos teniendo más gastos que ingresos", dijo el titular de la Caja de Acción Social, Guillermo Ruiz Álvarez, en una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados. Según él, los gastos suman unos $ 3,8 millones mensuales (U$S 1.152.937), mientras que los ingresos oscilarían en poco más de 3,2 millones de pesos (U$S 970.894),. El funcionario citó ayer entre los gastos, que en contratados el Estado eroga mensualmente unos 300.000 pesos (U$S 91.021), 100.000 (U$S 30.340), en la Policía para hacer la custodia y más de 2 millones de pesos (U$S 606.809), a IVISA por los servicios que ya presta.

El Ejecutivo Provincial mandó a la Legislatura un proyecto de ley para que se autorice a la Caja de Acción Social a sentarse a negociar con la empresa IVISA un contrato para que esta última se haga cargo de la explotación de todos los juegos de la provincia. Oficialmente calculan que el déficit podrá ser revertido por la empresa, al manejar su personal y poder optimizar los servicios.

Ahora IVISA maneja la explotación y mantenimiento de los tragamonedas y las ruletas electrónicas y hace el procesamiento de los datos de la quiniela con un contrato de locación de servicios, mientras que el Estado, a través de la Caja de Acción Social maneja y explota los juegos de paño, la ruleta, el carteo, el bingo y la quiniela. Con el nuevo esquema, quieren que IVISA, que cobrará un canon mensual, maneje todo el juego, exceptuando la quiniela. Y la Caja hará el control.

Entre los argumentos que había citado el Gobierno figuran la necesidad de unificar los plazos de los contratos preexistentes porque en caso contrario la empresa no iba a encarar las inversiones necesarias para completar la oferta de juego. Y que como consecuencia de la ley de emergencia el Estado no puede nombrar personal, lo que atenta contra el servicio.

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