Edición Latinoamérica
15 de Julio de 2020

Controversia judicial en Perú

El Tribunal Constitucional considera grave que impidan la fiscalización de casinos y slots

(Perú).- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, consideró grave que la Corte Suprema haya ratificado los fallos judiciales que impiden al Ejecutivo fiscalizar las salas de tragamonedas y casinos, desacatando con ello una resolución de su institución.

S

eñaló que esta medida va en contra del rol fiscalizador del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y del fallo del propio TC que declaró nulas las acciones de amparo que presentaban los casinos y tragamonedas para funcionar.

"Es grave que la Corte Suprema no acate un fallo del tribunal, si no querían revisar la sentencia, por lo menos hubieran declarado inconstitucional esos fallos, pero no entrar al fondo es faltar a la administración de justicia", dijo a la Agencia Andina.

Agregó además que se trata de una mala señal en materia de lucha contra la corrupción, porque se está impidiendo la fiscalización de una actividad de la que se sospecha existen actos delictivos, como lavado de activos y evasión de impuestos.

Mesía no adelantó las medidas que tomarán, pero dijo que revisarán la sentencia para evaluar un pronunciamiento, y además no se descarta que el Mincetur pueda apelar la sentencia, y tenga que ser revisada por el TC.

"Vamos a analizar este fallo del Poder Judicial y buscar cómo enfrentamos este tema, porque el Tribunal Constitucional no va a permitir que los casinos y tragamonedas se conviertan en un lugar del comercio donde se pueda lavar dinero o evadir impuestos", manifestó.

Indicó además que esto pone en tela de juicio la potestad que tienen los jueces para revisar la constitucionalidad de los fallos, vía el control difuso, por lo que propuso un debate, para que esta función también recaiga en el TC, como controlador máximo de la Constitución.

Según informó en la víspera la procuradora del Mincetur, Patricia Velasco, la Primera Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema decidió que no revisará las sentencias judiciales, dictadas en primera instancia en 1998, impidiendo al Ejecutivo fiscalizar las salas tragamonedas y casinos.

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