Enjoy de Mendoza seguirá funcionando hasta que haya una resolución de la Corte

Nueve días después, el 24, la misma jueza, Olga Arrabal, decidió diferir su pronunciamiento porque como la sala ya había sido abierta, su orden devino “abstracta”.

A pedido de la empresa CELA, que explota el nuevo casino, el juez Ricardo Sancho, del 22° Juzgado Civil de la provincia, dictó una orden de “no innovar” y tomó como válido el argumento de que la acción emprendida en la Justicia Federal buscaba cerrar la nueva sala con fuertes presiones al Ejecutivo.

De este modo, hay ahora un conflicto de jurisdicción entre la Justicia Federal y Provincial. Será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá resolver de quién es la competencia en esta causa. Una vez que el máximo tribunal del país se expida, un juez deberá resolver entonces sobre la cuestión de fondo, es decir la objeción realizada por tres empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos a las dos prórrogas concedidas por el Ejecutivo -en 2002 y 2005- al Sheraton para poder construir un hotel con casino y abocarse a los beneficios de una ley de 1998 que impulsaba el turismo en Mendoza.

El pasado miércoles, el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Fernando Simón, explicó los alcances del conflicto judicial que ha desatado el casino del Sheraton. “nos han notificado de la decisión del juez Sancho que nos ordena no innovar, es decir, dejar que el Enjoy siga funcionando. Los abogados veíamos que se avecinaba un conflicto de competencia, porque al intervenir ahora la Justicia provincial -en contra de lo dictaminado por una jueza federal- será la Corte de la Nación la que deberá dar su opinión”, explicó.

Para el Gobierno provincial, la presentación hecha por empleados del Instituto de Juegos y Casinos ante la Justicia Federal está “forzada” porque hace referencia a una ley y a un decreto provincial. “Ellos fueron a la Justicia Federal y en una primera instancia la jueza se declaró incompetente, pero después ellos pusieron a la AFIP en el medio, porque es el órgano que debe controlar, y entonces la magistrada se declaró competente”, explicó Simón.

El martes, el Ejecutivo pidió a la jueza Arrabal una aclaración. “Éste es un tema muy complicado. Hay puestos de trabajo y mucha plata invertida y en ningún momento se objeta la habilitación al casino”, dijo Simón. Agregó: “Le exigimos a la jueza claridad, porque no podemos estar adivinando qué quiso decir ya que primero nos ordenó suspender la habilitación y luego dictó un diferimiento a su resolución”.