La afirmación está contenida en una declaración emitida luego de una reunión que los legisladores mantuvieron con Adrián Yiedro, José Carlos Cáceres y Guillermo Videla del Sindicato de Empleados de Juegos de Azar de la provincia de Entre Ríos (SEJAPER) que “revelaron la intentona oficialista”, a la que “por historia y por doctrina, los radicales nos oponemos”.
En este sentido, los diputados presentes en la reunión -Jaime Benedetti, José Antonio Artusi, Oscar Cardoso y Marcelo López-anticiparon su oposición a aprobar una Ley de Promoción Turística “que en realidad aparece como caballo de Troya para privatizar el juego en Entre Ríos”.
En otro plano, también advirtieron que el Sindicato se ha reunido con convencionales constituyentes “tras una iniciativa del PJ en el mismo sentido presentada en la Convención”.
“El problema no es gremial ni solamente de los 1.400 trabajadores de casino de la provincia sino una cuestión que atañe a todos los entrerrianos porque si se abriera esta posibilidad de privatizar el juego se desvirtuaría la función del IAFAS, cuya ley establece que se debe enviar un porcentaje del juego a Salud, otra a Educación, a Deportes y a Acción Social que se vería notablemente resentido”, remarcan los legisladores.
El presidente del bloque, Jaime Benedetti, indicó que “las condiciones en que actualmente funcionan las tragamonedas como negocio redondo para privados desde ya resienten los intereses del Estado y por ende de los entrerrianos”, y “al parecer ahora pretenden ir en camino de los casinos con la misma excusa con que se ha privatizado y rifado todo en este país, con el remanido discurso de que son deficitarios”.
La respuesta a la preocupación de los radicales sobre de la legislación para juegos de azar no vino del Poder Ejecutivo, sino del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Jorge Busti.
El ex gobernador sostuvo que “la reglamentación destinada a prohibir o admitir juegos o apuestas es de competencia de los gobiernos locales, con más precisión de las legislaturas provinciales, en cuanto son éstas, dentro del federalismo argentino, las que tienen facultades para legislar jure propio en materia de policía”.
Consideró oportuno indicar también que “la participación complementaria de la iniciativa privada en la actividad del juego se ha realizado, en nuestra Provincia en dos oportunidades: en la gestión de (Sergio) Montiel, a través de adjudicaciones directas, entre gallos y medianoche y durante mi gestión, a través de licitaciones publicas, permitiendo la libre competencia”.
“Creemos que una ley de la Legislatura deberá autorizar, en cada caso concreto, la incorporación del capital privado a las actividades de administración, comercialización y explotación de los juegos que se realizará exclusivamente ligado a proyectos integrales de turismo”, sostuvo Busti, al tiempo que aclaró que “la concesión de las actividades no deberá abarcar los que ya están desarrollados, como los juegos de lotería, quiniela, Quini 6, etc., como tampoco los de paño (ruleta, carteado, dados, etc.) que actualmente son explotados por el Estado”.
Finalmente el legislador justicialista aseguró que “el producto de los que sean autorizados, se debe destinar exclusivamente a fines de asistencia social, mejoramiento de las condiciones de vida de la población y fomento de la acción social, el deporte y el turismo”.