Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Argentina

Un proyecto busca que el juego sea prohibido constitucionalmente en Entre Ríos

(Argentina).- Un proyecto de convencionales radicales propone que la Constitución entrerriana no admita ni la privatización ni la concesión del juego “a través de ninguna forma jurídica”. La disposición se contempla como parte de un artículo que plantea incorporarse dentro del Régimen Económico y del Trabajo de la Constitución Provincial.

Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a recibir, a través de políticas efectivas de acción social, las utilidades producidas por los juegos de azar, debidamente creados y reglamentados por ley”, dice el texto.

Renglón seguido, se determina que “la provincia se reserva, como derecho no delegado al Estado federal, la administración y explotación de toda la actividad concerniente a los juegos de azar, tal el caso de los casinos y salas de juegos, existentes o a crearse; en tal sentido, esta Constitución no admite su privatización ni concesión a través de ninguna forma jurídica”.

El articulado se completa con una habilitación al Estado provincial para celebrar convenios con la Nación y las provincias sobre la explotación y el producido de los juegos de azar, de destreza y de apuestas mutuas de jurisdicción nacional y provinciales que se comercialicen en su territorio. También se establece la facultad de “revisar las concesiones y convenios existentes a la fecha de la sanción de esta Constitución”.

En los fundamentos, el autor del proyecto, Fabián Rogel, sostiene que “la apoyatura económica a proyectos sociales, a través de los ingresos del juego, no sólo está muy lejos de toda visión paternalista, dirigista o estatista, sino que es expresión de la tendencia contemporánea a promover la democracia social, es decir aquella que tiende a la satisfacción no sólo de la libertad civil, sino de la integralidad de los derechos humanos”.

Agrega que “el Estado no puede permanecer indiferente frente al fenómeno del juego” que “hoy en día esta difundido y abarca innumerables ámbitos y sectores de la sociedad”.

“La historia ha demostrado que todas las posturas prohibitivas y represivas no sólo no han servido para desalentar ciertos fenómenos considerados disvaliosos (recuérdese la ley seca en Estados Unidos u otras prohibiciones semejantes) sino que han servido y sirven para el desarrollo de mercados al margen de la ley que benefician a unos pocos y perjudican a toda la sociedad (mafias clandestinas, drogas, trata de blancas prostitución etc)”, se lee en los fundamentos que acompañan con su firma los convencionales Griselda de Paoli, Luis Brasesco, Silvina Cepeda y Juan Carlos Arralde.

“Mas allá del disvalor que el juego represente, el Estado debe controlar como no lo pueden hacer manos privadas, porque incluso controlando y orientando este supuesto disvalor, es el único que puede generar recursos suficientes para trasladarlos en políticas efectivas de acción social y salud”, remarcan.

Para los convencionales radicales “no se puede dejar en manos de privados emprendimientos tales como los casinos, que implican una importantísima fuente de recursos”. Esos emprendimientos, “como todos los inherentes a los juegos de azar, no sólo deben ser controlados, sino que deben estar en manos del Estado”, difundió El Diario.

La iniciativa se plantea como una forma de incrementar los “ingresos genuinos” para ser destinados a “erradicar la falta de trabajo, la creciente desocupación y los problemas sociales, la falta de inversión, la migración de la población hacia los centros urbanos más importantes, la falta de recursos provinciales para apoyar a los pequeños y medianos productores rurales pequeñas y medianas empresas”.

Se argumenta que permitir la privatización de los casinos y demás emprendimientos relativos al juego “sería una sutil forma de resignación a administrar solamente la pobreza y la decadencia”.

“De no limitar los monopolios y oligopolios y reivindicar al Estado como un instituto y un órgano de justicia social, no se podrá cumplir con el primer mandamiento del constitucionalismo social, esto es, proteger a los más necesitados y a los que más sufren”.

“Para contribuir, cuando mas no sea en algo, a la igualdad de los hombres, en el ámbito de nuestra provincia, el Estado debe arbitrar necesariamente los derechos aquí tratados, resultando imprescindible que tengan jerarquía constitucional para otorgarle a esa administración la firmeza necesaria”, sostiene el proyecto, y considera “sumamente importante dejar sentado a nivel constitucional el destino social del dinero del juego, para contribuir a la transparencia y solución de numerosos problemas sociales que afectan a la provincia”.

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