Piden legislar el proyecto que prohíbe a casinos financiar campañas electorales

El diputado Fernando Meza (PRSD) pidió al Gobierno que otorgue “urgencia” a la discusión de un proyecto de ley que descansa desde 2006 que prohíbe a los operadores de casino contribuir al financiamiento de campañas, a fin de transparentar la relación entre el dinero y la política.

Meza hizo este llamado al Ejecutivo para que en marzo se discutan los alcances de este proyecto que presentó hace dos años, "justo ahora, que estamos en un año electoral y que el próximo también lo será".

El diputado oficialista señaló que la ley sobre transparencia, control y límites al gasto electoral marcó un hito en este tema en el país, al configurar un estatuto básico respecto del financiamiento de las campañas y la relación entre el dinero y la actividad política.

"Por tal motivo me parece absolutamente relevante y prioritario, que regulemos sobre esta materia, ya que a mi juicio, nuestro país es novel cuando se trata de regular un negocio que mueve millones y millones de pesos", explicó el legislador.

Meza, quien considera positiva la instalación de casinos de juego a lo largo del país, debido al impulso turístico y económico que otorgará a las ciudades, dijo que durante la tramitación de la ley sobre transparencia se registró un interesante debate en torno a la conveniencia de que las empresas puedan hacer donaciones a las campañas políticas.

Más allá de las normas contenidas en la ley respecto de la materia, consideró que es posible establecer un criterio elemental en torno a que resulta negativo que ciertas actividades, en razón de su especial naturaleza y vinculación con decisiones de carácter público, se encuentren impedidas de realizar aportes a partidos o candidatos.

En lo medular, el proyecto establece que no podrán efectuar aporte alguno a partidos o candidatos, sea directa o indirectamente, los operadores o sociedades operadoras de casinos, sus directores, socios o accionistas, gerentes, administradores y representantes, las personas que tengan respecto de éstos la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive y las sociedades de las que los operadores o sociedades operadoras o las personas señaladas en forma precedente formen parte.

La infracción considera, incluso, la revocación del permiso de operación de alguno de estos centros de diversión. "Creemos que con esta iniciativa estamos protegiendo la transparencia del sistema político nacional y evitamos ciertas confusiones en el ámbito empresarial", enfatizó.