Edición Latinoamérica
22 de Septiembre de 2019

Tras la eliminación del decreto que señalaba el cierre de las salas

Los casinos pueden seguir funcionando legalmente en El Salvador

(El Salvador).- Cierran los procesos de amparo promovidos por casinos, porque ya no hay decreto para cerrarlos. El abogado Carlos Méndez Flores señaló que La Corte Suprema de Justicia eliminó el decreto que obligaba al cierre de las casas de juego porque “invadió la esfera de las alcaldías”, por lo que “el que tiene permiso de la Alcaldía está legal. No hay ningún problema”.

L

a Corte Suprema de Justicia notificó a Méndez Flores, como representante de la empresa Juegos y Recreaciones S.A. de C.V. (Jure), que opera el casino “Bingo Club”, ubicado en Santa Tecla, que el proceso de amparo que había iniciado había terminado.

La Corte cerró el caso, porque en octubre del año pasado había desaparecido una de las razones por las que el casino había interpuesto el recurso de amparo. La Corte Suprema declaró inconstitucional el decreto legislativo 930, el cual ordenaba a las alcaldías a cerrar las casas de juego, previa inspección con la Fiscalía General.

Otro decreto, una interpretación auténtica de la Ley de Policía, que data desde el siglo XIX, sigue vigente, pero sin manera de hacerla funcionar. “Es incapaz de producir agravio jurídico constitucional bajo estas circunstancias, pues la norma que fue creada en su momento para posibilitar su aplicación ya no existe”, dice el fallo que ayer fue comunicado a la Asamblea.

Como el del casino tecleño, también fueron cerrados los casos de “Video Atracciones” (Casino Tropicana), Compañía Promotora Óptima Uno (Marbella, antes Bingo de París) y Empresas Turísticas de San Miguel (Carnaval).

La Corte Suprema de Justicia eliminó el decreto que obligaba al cierre de las casas de juego porque “invadió la esfera de las alcaldías”, recuerda Méndez Flores.

Unos días antes, la Fiscalía General había presentado un anteproyecto de ley para ordenar el cierre de los casinos.

La iniciativa había sido el fin de un esfuerzo encomendado por el fiscal general, Garrid Safie, a Roberto Oliva, fiscal especial de casinos, y pretendía que los establecimientos que estaban en funcionamiento fueran indemnizados. Las alcaldías eran quienes iban a pagar a los casinos por retirarle el permiso de operación.

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