La Asociación de Bingos de Galicia (Abiga), que agrupa a 18 empresas dedicadas profesionalmente al juego, venía reclamando una mayor contundencia a la hora de intervenir contra las prácticas ilegales en bingos sociales. “Algunos funcionan como verdaderos negocios”, se critica desde la directiva del colectivo.
Las empresas se sienten agraviadas porque los bingos sociales no someten el dinero recaudado a control fiscal, mientras que ellas cotizan, mediante un sistema “riguroso y directo”, pagan a sus empleados (la ley especifica hasta el número mínimo de trabajadores en función de la categoría del local) y no pueden hacer publicidad. Como consecuencia, algunos bingos sociales pueden llegar a ser más rentables que los profesionales, según estiman desde Abiga. “Este fenómeno está expandiéndose y, si no se corta ahora, cada vez irá a más”, detallan.
En el sector, que cuenta con 400 trabajadores en empleos directos y unos 150 de forma indirecta, acusan cierto declive que relacionan con la expansión de los bingos sociales. En el 2006, la tasa fiscal de juego se situó en los 25 millones de euros, y el impuesto autonómico, en algo más de cuatro.