Edición Latinoamérica
05 de Diciembre de 2020

Buscan la modernización de los tipos penales que sancionan los juegos ilícitos

El Gobierno chileno envió una indicación que perfecciona el proyecto sobre juegos de azar

(Chile).- El Poder Ejecutivo de Chile ingresó a tramitación al Senado la fórmula de indicación sustitutiva al proyecto de ley que aborda los juegos de azar ilícitos. Así lo informó el vicepresidente del Senado, Carlos Ominami (PS), quien venía planteando la necesidad de perfeccionar la iniciativa legal, que se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

E

l propósito de dicha indicación es la modernización de los tipos penales que sancionan los juegos ilícitos. La iniciativa establece como conducta ilegal el que comercialice, distribuya, instale o ponga a disposición de las personas (en lugares públicos o privados que no sean casinos) máquinas de juego, tendientes a proporcionar ganancias o premios en dinero o canjeables por dinero.

El texto ingresado también incrementa las penas a las personas que cometan estos delitos, y especialmente, a quienes permitan que menores de edad participen en estos juegos. Por su parte, los instrumentos y objetos destinados como juegos de azar, no autorizados legalmente, deberán ser destruidos y constituirán especies de carácter ilícito.

También se crean nuevas facultades para la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), el Servicio Nacional de Aduanas y municipalidades. Es así que dicha superintendencia otorgará certificados a las máquinas importadas o fabricadas en el país, que estén destinadas a utilizarse en casinos de juegos. Las máquinas señaladas ilícitas en tanto, jamás contarán con este certificado, por lo que nunca podrán ser usadas para tales efectos.

De acuerdo a la nueva normativa, Aduanas fiscalizará la certificación del ingreso de estas máquinas al país. En tanto, las municipalidades no podrán otorgar patentes comerciales a ninguna persona natural o jurídica para la instalación, comercialización y distribución en el territorio a máquinas que no tengan la certificación debida.

“Es un proyecto respecto al cual hay atraso. Esto debió haberse legislado con mucha anticipación. Ahora es cierto, que hay una coordinación compleja que establecer entre la SCJ, los ministerios de Justicia y Hacienda, las municipalidades y Carabineros. Eso se logró y las indicaciones están contenidas en este texto”, dijo Ominami.

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