Santiago Gallardo, fiscal que investiga el caso, informó que esos establecimientos continuarán cerrados por disposición del Ministerio de Turismo. Ese organismo considera que las actividades de esos negocios están fuera de la Ley, puesto que no les han concedido permiso de funcionamiento. “Aparentemente estaban trabajando bajo un amparo constitucional otorgado por jueces de Guayaquil y Manabí, pero con el decreto de Ley emitido por el Ministerio de Gobierno esos amparos quedaron sin sustento legal”, dijo Gallardo.
“Sólo la Ley puede crear, modificar y extinguir derechos, no los reglamentos ni los acuerdos”, explicó Joffre Coello, de Súper Siete. Aclaró que sí tienen la autorización para funcionar y cuestionó al Ministerio de Turismo.