La acción fue propuesta en agosto de 2003, por el entonces procurador general de la República, Claudio Fonteles, que impugnó el decreto estatal por considerar que estaría usando la competencia privativa de la Unión para legislar sobre sistemas de consorcios y sorteos.
Al retomar el caso el pasado miércoles, el relator recordó la decisión de la mayoría de la Corte, que entendió el decreto estatal como inconstitucional. “Es inconstitucional la ley o acto normativo estatal o distrital que disponga sobre sistemas de consorcios y sorteos, inclusive bingos y loterías”, dijo el ministro Marco Aurelio, relator del caso.