Así lo informó el presidente de esa instancia legislativa, senador José Antonio Gómez, tras explicar que aún cuando ésta estaba mayoritariamente aprobada desde enero, se estaba a la espera de que el Ejecutivo patrocinara algunas indicaciones presentadas por el senador Carlos Ominami, cosa que no ocurrió hasta la fecha.
Agregó que la fiscalización de esta materia estará a cargo de Carabineros, pero señaló que la propuesta del senador Ominami establecía otras instancias en las cuales podrían plantearse esta fiscalización como la Aduana, para el ingreso de estas máquinas tragamonedas.
En lo fundamental, establecen sanciones para los autores, empresarios, administradores, comisionistas o agentes de loterías no autorizados legalmente, quienes serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 a 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
Asimismo, el que comercialice, distribuya o instale en cualquier lugar -sean espacios públicos o privados que no sean casinos de juegos autorizados- máquinas tragamonedas, serán castigados con reclusión menor en su grado medio a máximo y multas de 100 a 300 UTM.