La Ley de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria de 1990 creó un gravamen complementario de la tasa fiscal que grava los juegos de suerte, envite y azar. Esta disposición fue declarada inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional por entender que vulneraba el principio de seguridad jurídica.
La sentencia originó la presentación de recursos que pedían la devolución de los ingresos efectuados, los intereses de demora, los gastos derivados de la destrucción de máquinas y los lucros cesantes, alegando la responsabilidad del Estado legislador. Estos recursos han dado lugar a sentencias del Tribunal Supremo condenando a la Administración del Estado a indemnizar a los recurrentes.