Uruguay: comprueban que había vínculos entre funcionarios y operadores de casinos

La denuncia fue presentada por el edil colorado César García (Foro Batllista), a la que se sumaron otras de ediles del Partido Nacional y de la Lista 15. En el centro de la denuncia está la existencia de un conflicto de intereses que vincula presuntamente a un ex asesor de Casinos en contrataciones hechas a sus familiares en empresas arrendadoras de slots.

Entre 2000 y 2005 los casinos municipales perdieron U$S 16 millones, según el resultado de una auditoría ordenada por la propia Intendencia de Montevideo. Juan Carlos Bengoa (Asamblea Uruguay), actual director de Casinos del Estado, fue quien estuvo al frente de los casinos en ese período.

Tras asumir como intendente, Ricardo Ehrlich (MPP) ordenó realizar investigaciones y auditorías sobre la gestión de los casinos municipales, que se anexaron al expediente judicial.

Avanza la investigación judicial sobre la gestión de casinos municipales de Montevideo, en lo referido a la rescisión del contrato de remodelación del hotel Carrasco, las pérdidas generadas en las salas de la Intendencia y las vinculaciones entre integrantes de empresas que contrataron con la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y funcionarios jerárquicos del Municipio capitalino.

El avance ha sido discreto y en reserva, pero a pesar del hermetismo, trascendió que el ex intendente y actual director de la Junta Asesora en Materia Económico-Financiera (más conocida como Junta Anticorrupción), Adolfo Pérez Piera, declaró sobre el contrato con la empresa Carmitel y sobre su intervención en la rescisión de dicho contrato.

El comisario Gustavo Mariosa, del Departamento de Economómicos de la Jefatura de Policía de Montevideo, siguiendo instrucciones de la jueza interviniente, Fanny Canessa, dirigió diversas averiguaciones realizadas en pocos días y supervisadas por la magistrada.

Las actuaciones policiales fueron fundamentalmente referidas a las empresas contratantes con la IMM y se tomaron declaraciones a más de una docena de personas. Con esos testimonios y pruebas, la Policía logró averiguar quiénes eran los verdaderos accionistas de las mismas, quiénes los representantes que figuraban como directores y detalles de las contrataciones, entre otros datos, informaron fuentes vinculadas al caso.

La investigación pudo corroborar que varias de las empresas tenían los mismos accionistas e incluso distintos tipos de vinculaciones entre ellos y con asesores y jerarcas municipales que intervinieron en dichas contrataciones, añadieron las fuentes

Finalizada la feria judicial que comienza el 1° de julio y que se extiende hasta el domingo 15, con la base del trabajo policial realizado, las personas interrogadas en dependencias de la Policía comenzarán a declarar ante la sede judicial, lo que también harán los ex asesores y el ex director de Casinos de la IMM. En el Juzgado, la jueza Canessa y la fiscal del caso, Olga Carballo, profundizarán la investigación.

El lunes 26 el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, recibió a una delegación del sindicato de funcionarios de las salas de juego municipales. Fernández les dijo que una vez que la Justicia se pronuncie sobre la actuación de Bengoa y del director de Loterías y Quinielas, Orestes González, el Poder Ejecutivo evaluará la situación de ambos jerarcas. Fernández les indicó que no recordaba haber asumido el compromiso ante los funcionarios respecto a que si Bengoa y González pasaban a la Justicia, serían removidos del cargo.

Los sindicalistas volvieron a reclamar al secretario de la Presidencia “la remoción” de los dos jerarcas que pertenecen a Asamblea Uruguay, sector del ministro de Economía, Danilo Astori. Fernández calificó de “inconveniente” los relevos al estar el tema en la Justicia.