Hay tan sólo 59 inspectores en todo el país

México: la Secretaría de Gobernación cuenta con pocos inspectores responsables del juego legal

16-05-2007
Tiempo de lectura 2:43 min
(México).- La Secretaría de Gobernación cuenta con 59 inspectores para dar seguimiento a rifas, juegos de azar, casas de apuestas, decomiso de tragamonedas, carreras de caballos y peleas de gallos, que se encuentran en todo el país y de las cuales no todos pagan los impuestos respectivos.

Por ejemplo, de diez mil carreras de caballos que se realizan cada año en el país, Gobernación otorga permisos sólo para 1.500, de acuerdo con reportes oficiales de la dependencia. En las peleas de gallos, cálculos oficiales estiman alrededor de un millón y sólo dan siete mil permisos.

Hay informes que muestran que sólo existen 59 inspectores responsables para todo el juego legal e ilegal en el país. Los grandes permisionarios están obligados a pagar entre 2% y 3% de las ganancias obtenidas en estos negocios.

Según Daniel Olivares Villagómez, representante de la asociación “Di no a los Casinos”, en otros países este tipo de negocios pagan más del 12% de sus ganancias al fisco.

En cifras globales, Gobernación recaudó en 2006 la cantidad de 259 millones de pesos (U$S 23.980.416) por otorgar permisos para rifas, carreras, peleas de gallos, bingos, casas de apuestas remotas, de los cuales los grandes permisionarios pagaron al erario 170 millones (U$S 15.740.041), por lo que cálculos oficiales señalan que la ganancia de esos grandes permisionarios fue de por lo menos 543 mil millones de pesos (U$S 50.275.543.309).

Olivares sostiene que por ello los operativos contra las máquinas tragamonedas no tienen mayor relevancia porque el mayor peligro está en otro lado. “El grave problema está en los casinos y las salas de apuesta con juegos continuos y permanentes, pues están diseñados expresamente para crear una atmósfera que aísle al jugador del mundo exterior. Las ventanas son inexistentes o muy alejadas, para que no perciba fácilmente si es de día o de noche; el ambiente está creado para fomentar larguísimas estadías, y el servicio de bebidas alcohólicas busca debilitar la resistencia consciente y racional del jugador. Son los lugares más propicios para la ludopatía”, precisa Olivares.

Gobernación acentuó los operativos en todo el país para decomisar máquinas tragamonedas. Hasta el momento ha decomisado alrededor de mil máquinas con un valor de más de 1,5 millones de pesos (U$S 138.883), contra las 459 máquinas de 2006, de acuerdo con informes oficiales.

Olivares Villagómez restó importancia a este tipo de acciones emprendidas por Gobernación porque los únicos afectados son dueños de tienditas, farmacias o pequeños negocios, pero no los grandes permisionarios de otro tipo de juegos.

Expedientes oficiales de los operativos muestran algunos sitios en Ciudad Juárez, Guadalajara, Zapopan, Yucatán, Puebla y Colima, con un total de 37 detenidos, que salen de inmediato en libertad con el pago de fianzas.

Gobernación estima que cada máquina de juegos, tiene un valor de 3.500 pesos (U$S 324) y que cada una de ellas deja una ganancia semanal desde los 300 (U$S 27,7) hasta los 1.200 pesos (U$S 111).

Aunque Gobernación intenta hacer un mapeo para saber cuántas máquinas hay distribuidas en todo el país, no tiene datos consolidados ni siquiera de quienes las fabrican.

Olivares coincide en ello, aunque el riesgo del aumento del número de máquinas “es producto de la facilidad para tener acceso a ellas y puede ser germen para la adicción al juego, que luego ya es enfermedad que se conoce como ludopatía”, dice.

Lo que han detectado los inspectores de Gobernación es que al juego de las máquinas es afecto un sector de la población de escasos recursos, menores de edad y hasta amas de casa. En los últimos años se desató una serie de críticas porque el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, otorgó permisos para el establecimiento de casas de juegos y apuestas justo días antes de abandonar el cargo para ir en pos de la candidatura a la Presidencia de la República, en 2005.

Olivares propone que “las carreras parejeras, las peleas de gallos, la lotería popular mexicana no permanente, los hipódromos, los galgódromos, los frontones de cesta-punta y jai-alai, deben ser operados por el gobierno federal en un esquema similar al de la Lotería Nacional”.

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