Aprueban la salida a bolsa del Grupo Codere

El consejo de administración de Codere aprobó el pasado jueves la tan ansiada Oferta Pública de Venta (OPV), una operación que está esperando desde hace ocho años. En 1999 ya intentó por primera vez obtener financiación a través de una colocación de acciones que nunca llegó a ver la luz, pese a que llegó a registrarse el folleto informativo de la OPV en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La última vez que la familia Martínez Sanpedro, máximo accionista del grupo con algo más del 90% del capital, intentó convertirse en una compañía cotizada fue en noviembre de 2005. Una operación que tampoco pudo llevarse a su fin por los problemas de demanda que hubo con los inversores institucionales extranjeros.

Ahora lo volverá a intentar durante el próximo mes de julio. El consejo, asesorado por Credit Suisse, ha dado el visto bueno a la colocación de una parte minoritaria del capital al mismo tiempo que, por otra parte, está buscando inversores financieros para vender otro paquete minoritario de su sociedad patrimonial, que es propietaria de cerca del 85% del grupo Codere.

La venta de Codere ha estado envuelta en capítulos polémicos. Al cambio de rol de Morgan Stanley, que ha pasado de ser asesor del vendedor a posible comprador, se sumó más tarde el cambio de una de las condiciones más importantes de la transacción: lo que se vendía realmente. La familia Martínez Sampedro decidía desprenderse de la sociedad patrimonial y no de la empresa que tiene directamente las acciones de Codere.

Esta decisión causó un profundo malestar entre los fondos de capital riesgo que habían pasado el corte de las ofertas no vinculantes. La decisión, que Credit Suisse, banco asesor de los Martínez Sanpedro, comunicó a los interesados trastocó los planes de los private equity, que ya acogieron de mala gana que sólo se vendiera una minoría del capital.

Ahora, han decidido vender el 49,9%, pero de la empresa patrimonial que sólo tiene cerca del 80% de Codere, con lo cual los potenciales compradores se harán como mucho con un 35% de la primera empresa de juego de España. El matiz es muy importante porque muchos de los que están en la puja tienen un límite mínimo de inversión y al reducirse el porcentaje que se pone a la venta el capital invertido se rebaja de forma considerable.