stas observaciones consisten en la modificación de los considerandos I y II, y la adición de un tercero. “En el contenido del decreto se observa que el mismo pretende regular situaciones que trascienden a la internación y el pago de los impuestos o aranceles respectivos de las máquinas tragamonedas, en tanto la misma determina una moratoria respecto del decomiso”, argumenta.
Esta moratoria, plantea el presidente, está “ligada a la operación de las máquinas tragamonedas”.
El mandatario quiere que se deje claramente establecido en el decreto la regulación respecto de la introducción de máquinas recreativas que después sean modificadas para jugar dinero.
Luis Mario Rodríguez, secretario jurídico de la Presidencia, explicó que los seis meses serán utilizados para verificar el pago de impuestos y tipo de máquinas ingresadas al país, así como la definición del término “máquinas tragamonedas”.
Además, “serán para que la autoridad inspeccione que esas máquinas que se importaron y pagaron, supuestamente, los impuestos de importación no hayan sido modificadas”, añadió.
Las observaciones reiteran la prohibición, basándose en el Código Municipal, la Ley de Policía y las reglas de aplicación e interpretación del arancel centroamericano, que prohíben importar máquinas para jugar dinero.
