Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Los permisos ya otorgados serán suspendidos

Prohíben apertura de nuevos casinos privados en Mendoza, Argentina

(Argentina).- Por el momento, no se podrán habilitar más casinos privados. La jueza del 23 Juzgado Civil Comercial y Minas, Fabiana Martinelli, hizo lugar a una medida precautoria de no innovar que ordena al gobierno abstenerse de permitir la autorización de nuevos casinos particulares. Además, establece que se suspendan los permisos ya otorgados, salvo los de los que estén funcionando.

E

sto fue la respuesta a un pedido de la Asociación de Protección a los Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer), con sede madre en la provincia de Buenos Aires. Esta organización y las particulares Betzabé Jimena Acevedo y Nélida Margarita Selva Tusoli, sostienen que la existencia de una mayor cantidad de casinos lesiona un derecho social.

Esta presentación se hizo en noviembre, pero para hacer lugar a la medida cautelar la Justicia exige una contracautela. Es decir, la asociación se ampara en un derecho para pedir la suspensión, pero debe demostrar que es así y, en una especie de garantía, tuvo que depositar la suma de 100 mil pesos (U$S 32.238). Algo que Proconsumer hizo el jueves.

De inmediato, el Instituto de Juegos y Casinos recibió la notificación comunicándole la medida, ya que en esa oficina se habilitan las salas de juego. También se les solicitó una serie de expedientes para verificar que el Hotel Sheraton Huentala y el que está construyéndose frente al Mendoza Plaza Shopping, de haber iniciado este trámite, no continúe su curso administrativo. Hasta ahora funcionan el Regency Casino (del Hyatt) y el casino oficial.

De todos modos, según explicó la directora del Instituto, Marta Arrigone, la Ley de Promoción Turística 5.775, establece que los hoteles cinco estrellas del Gran Mendoza y cuatro estrellas del resto de la provincia, tengan casino propio. Aunque Arrigone sostuvo que los dos hoteles en cuestión no han pedido permiso al Instituto.

Y agregó que la asesoría letrada de esta oficina ya está analizando qué medidas se tomarán respecto de la orden judicial.

A partir del jueves pasado, la jueza otorgó 15 días a la asociación para que presente pruebas que acrediten el daño que afirman. “En la medida que dicta la jueza no están descriptos los derechos vulnerados”, observó la funcionaria. De no probarse el daño social, la medida innovativa establece volver las cosas al estado anterior del hecho que se indica como lesivo.

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