El subinspector Jesús Pérez Sánchez, responsable del grupo de agentes, explicó que la acción se ejecutó en cumplimiento al decreto legislativo 647 y a la Ley de Policía y el Código Municipal, que prohíben la existencia de las máquinas para jugar dinero.
Estas fueron puestas a la orden del juez de Paz de los respectivos municipios y luego fueron llevadas en calidad de depósito a la aduana terrestre de San Bartolo, en Ilopango.
Según Pérez, a pesar de que existe un decreto de prórroga de seis meses para evitar el decomiso de estos aparatos, aún no está sancionado, lo cual les permite continuar efectuando los decomisos.