El Ministerio Público Federal pide a los municipios del sur que no autoricen la operación de salas de bingo
Los oficios fueron dirigidos a las municipalidades de Río Grande, San José del Norte, Santa Victoria do Palmar y Chuí.
El procurador de la República en Río Grande, Michael von Muhlen de Barros Gonçalves, explica que cabe a los municipios la fiscalización de los establecimientos comerciales en funcionamiento. “Ellos deben, inclusive, promover la suspensión y/o cancelación de la autorización de funcionamiento concedida”.
Gonçalves cree que la legislación federal brasileña, en el artículo 50 del Decreto-Ley 3.688/41 (Ley de las Contravenciones Penales), veda los juegos de azar, incluyendo se allí los juegos electrónicos de azar o tragamonedas.
“Así los poderes públicos no pueden tolerar la práctica de ese tipo de infracción. Como compete a los municipios conceder los permisos de explotación de establecimientos comerciales, le cabe a ellos permitir que tales establecimientos exploten actividades ilegales y extrañas a la actividad comercial”, completó.
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