n 2000, la Asamblea aprobó una reforma al Código Municipal, con lo que ordenaban el cierre de los casinos; sin embargo, la reforma dejó un vacío, pues no decía expresamente que las alcaldías estaban facultadas.
Hubo necesidad de una interpretación auténtica de la reforma y finalmente se dijo que los concejos municipales debían establecer la existencia de juegos ilegales y que con ello la Fiscalía debía proceder al cierre, con lo cual la comuna capitalina decidió no renovar los permisos de operación de las salas Bingo de París, Tropicana e Izalco Video.
El ex fiscal Belisario Artiga no ejecutó ningún cierre. Esperó durante su gestión que los reportes de las alcaldías incluyeran la frase “hay máquinas ilegales”.
La misma Corte Suprema de Justicia contribuyó con la incertidumbre sobre el cierre y fue hasta noviembre y diciembre de 2001 que las salas Contenciosa y Constitucional ordenaron el cierre de dichos negocios.
Pero esas resoluciones no bastaron para que desaparecieran los casinos. Los representantes del Izalco Video acudieron a la CSJ con un amparo en 2003, en contra de la Asamblea, pero este recurso aún no ha sido resuelto. Luego, se intentó crear una ley reguladora de casas de juego, pero los diputados sólo pusieron interés en la discusión sobre la ley, pero no pasó a más.
