Chile: piden agilizar medidas para instalar el casino de San Antonio

Venegas pidió que la Comisión Especial Investigadora creada por la Cámara, también sea diligente y se celebren reuniones en forma permanente, "porque en la medida en que lo hagan, San Antonio también tendrá la posibilidad de llevar adelante esto que nos preocupa enormemente y que es el sentir de una provincia que tiene grandes necesidades".

"Debido a la postulación que hubo de las distintas regiones para la instauración en ellas de un casino de juegos, la provincia de San Antonio ha resultado ser la gran perjudicada a raíz del subterfugio judicial que se ha iniciado debido a los problemas presentados durante el proceso de postulación, ya que, a pesar de ser muy pujante, ha visto frenado su desarrollo, manteniendo altos índices de cesantía", dijo el parlamentario.

"Tal vez, su desarrollo turístico habría sido la palanca que se necesita para ofrecer un trabajo a cada uno de sus habitantes", agregó.

"En 1993, presenté un proyecto de ley para el establecimiento de un casino de juegos en la provincia de San Antonio, lo que no se pudo concretar por múltiples razones. El proyecto de ley tenía por finalidad recuperar lo que tradicionalmente se nos había entregado, en términos económicos, gracias a un impuesto que se aplicaba al Casino de Viña del Mar en beneficio de las comunas de El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo y Navidad y que se perdió durante el gobierno militar", declaró el diputado radical, y agregó: "Hoy día, lo estamos perdiendo por la ambición de quienes disponen de muchos recursos y quieren tener un casino de juegos a toda costa".

"Con esto se ha perjudicado a San Antonio, cuyos habitantes rechazan en forma categórica esta acción que tiende únicamente a empañar y a dilatar la autorización que la Superintendencia de Casinos de Juego podría haber otorgado a la provincia de San Antonio, hace mucho tiempo", puntualizó.

Cabe recordar que la instancia legislativa fue aprobada por la mayoría de los diputados, tras una solicitud de 75 parlamentarios, encabezados por el diputado Pablo Lorenzini. La comisión parlamentaria tendrá como función principal, proponer las modificaciones legales necesarias y establecer eventuales responsabilidades en las irregularidades denunciadas públicamente.

Estas supuestas irregularidades se habrían presentado en todo el proceso de licitación de recintos de apuestas, tanto en las regiones en que ya se adjudicaron los permisos, como en las que aún se encuentran en la etapa de revisión de proyectos.