En términos generales, la idea es investigar las supuestas irregularidades en el proceso de licitación de recintos de apuestas, tanto en las regiones que se adjudicaron los permisos, como en las que aún se encuentran en la etapa de revisión de proyectos. Así, se ha decidido proceder con una etapa de reestudio que contempla 60 días de evaluación.
Sobre este tema, Alan Céspedes, gerente de Latin Gaming, manifestó que la decisión "es un tema que no nos causa ninguna conmoción; al contrario, creemos que mientras más claridad exista, entre más se disipen las dudas, mejor. Así se establecerá que este sistema ha sido informado, transparentado y justo".
A juicio del ejecutivo, como empresa siempre han tratado de defender la institucionalidad del proceso de licitación; por lo tanto, la decisión de estudiar nuevamente la licitación, más que ser algo perjudicial, se trata de algo positivo en términos de transparencia.
Y aunque reconoce que la razón del petitorio para investigar, radica en el "clima de dudas" que se ha formado en torno a la entrega de licencias, dice estar claro con lo que ocurre.
"Si bien sabemos que la intención de parte de algunos interesados, es poner dudas sobre una ley que puede tener muchos puntos que mejorar, eso no significa que estemos bajo un proceso que tenga vicios. Muy por el contrario, con todo el tiempo que ha pasado, uno puede concluir que el proceso ha sido totalmente limpio", aseguró Céspedes.
De esta forma, aclaró que para todo sistema siempre es bueno un proceso de revisión, sobre todo si estamos hablando de una normativa nueva. "Si algunos han puesto en duda la institucionalidad del proceso, hay que investigarlo y nos parece muy bueno que la Cámara de Diputados participe en este proceso, creemos que eso le dará mayor tranquilidad al mercado en general", dijo el gerente de Latin Gaming.
La instancia parlamentaria deberá proponer las modificaciones legales necesarias para establecer las eventuales responsabilidades en el caso de que las acusaciones de irregularidades sean ciertas. De ser así, remitirán sus conclusiones a los órganos jurisdiccionales correspondientes, proponiendo medidas de corrección. Entre los diputados que firmaron el petitorio, se encuentran parlamentarios tanto de Gobierno como de la Oposición.