El asesor jurídico de la asociación, Sear Jasu de Souza Mascena Veras, dijo, que los juegos en Pernambuco ya son regulados desde el año 1947, a través de la Ley 73, promulgada por el entonces gobernador Barbosa Lima Sobrinho y también firmada por el secretario estatal de hacienda de esa época, Miguel Arraes. El MPF alega que le corresponde únicamente a la Unión legislar sobre sistemas de juegos y sorteos. Si la Justicia entiende que el MPF está en lo cierto, el gran beneficiado será la Caixa Económica Federal (CEF), que opera loterías y juegos en el país. El Estado de Pernambuco podrá perder alrededor de R$ 10 millones (U$S 4,6 millones) en tributos. Aproximadamente 35 mil empleos también estarán amenazados.
Actualmente, en el Estado, las actividades están en la esfera de competencia de la Arpe, la agencia que regula, autoriza y fiscaliza las actividades a partir de una nueva Ley, la 12.343 del 29 de enero de 2003, que actualizó los procesos tecnológicos. Sear Jasu afirma que la Constitución en su artículo 22 de hecho estableció la competencia legislativa privativa sobre consorcios y sorteos para la Unión, pero no el monopolio de explotación de la actividad. O sea, no le dio a la Caixa Económica la exclusividad que esta viene reivindicando.
El consultor jurídico de la Aval dijo que el monopolio que la Caixa ejerce sobre las loterías oficiales es poco inteligente, pues con el advenimiento de los juegos interactivos, la tendencia mundial es por la regulación y concesión a la iniciativa privada. Además, segñun él, hay estudios que apuntan a un mercado potencial de R$ 12 mil millones (U$S 5,5 mil millones) de facturación anual de juegos. La Caixa recauda apenas R$ 4,4 mil millones (U$S 2 mil millones) por año.
Luego de darse a conocer la polémica en torno de la cuestión de los juegos, funcionarios y consumidores criticaron la posibilidad del cierre de las casas de juegos. El principal argumento utilizado fue el desempleo generado con la medida.