i el permiso fuera concedido, tendrán que ser suspendidos todos los tipos de loterías (Pernambuco da Suerte, Caruaru da Suerte, Lotinha y Raspaval, entre otras) y lacradas todas las casi 20 mil máquinas de videobingo, que pagan entre R$ 33 (U$S 15) y R$ 80 (U$S 37) por mes para funcionar en más de 4 mil casas repartidas por el Estado, que también explotan el juego del bicho. En caso de que eso suceda, la Caixa Económica Federal, que explota las loterías oficiales, será la principal beneficiada.
El promotor argumenta que la Ley N1 12.343, del 29 de enero de 2003, no se puede sobreponer a la Constitución Federal, que afirma (en el inciso XX, del artículo 22) que compete “privativamente a la Unión legislar sobre sistemas de consorcios y sorteos”.
El procurador general adjunto del Estado, Roberto Pimentel, entiende que no cabe el pedido de permiso de suspensión de las actividades, pues ese asunto es objeto de una acción en el Superior Tribunal Federal, sobre la cual aún no hay una decisión final. Según él, la Procuraduría del Estado contestará el pedido de suspensión inmediata de las loterías autorizadas y, a continuación, a tesis de que la ley que le dio a la Arpe el poder de regular el juego no tiene validez. Este año la Arpe debe regresar a los cofres del Estado un total de R$ 10 millones (U$S 4,6 millones) apenas con los tributos de esa actividad. Según la Aval, la actividad genera aproximadamente 35 mil empleos directos e indirectos.
El presidente de la Arpe, Federico Maranhão, informó que la agencia continuará aplicando la ley estatal, ya que entiende estar autorizada para regular el conjunto de juegos, que permite, además de disciplinar las actividades, la recaudación de recursos para programas sociales y educacionales. La Arpe ya reguló las loterías de números, lideoloterías, sistemas de loterías online, real time, bingo, lotería convencional y la lotería mixta.
En la acción, el promotor Marcelo Mesquita Monte pide que la Caixa Económica se pronuncie sobre el caso, que la Arpe para de dar credenciales o permisos de explotación de la actividad y que todas las empresas citadas en la acción suspendan definitivamente sus actividades.
Con la regulación de prácticamente todos los sistemas de juegos disponibles en el mercado, Pernambuco, que ya permite abiertamente el funcionamiento del Juego del Bicho, pasó a prácticamente oficializar la modalidad en su territorio.
Hoy, los juegos permitidos por la Arpe funcionan en todas las ciudades. En el caso de la lotería mixta, como es el caso del Pernambuco de la Suerte, la Arpe dividió el Estado en cinco regiones, donde los operadores fueran escogidos por licitación pública.
El conjunto de juegos acabó creando un mix de opciones que, según empresarios del sector, permitió que un mismo local pueda ofrecer varios tipos de juegos.
En la práctica, Pernambuco es el Estado brasileño con mayor número de documentos legales sobre la actividad del juego en Brasil. Eso, inclusive, hizo que la gigante internacional de videobingos IGT tomara la decisión de comenzar a operar en el Brasil por Pernambuco.
El ex presidente de la Arpe, Jayme Asfora, que fue responsable de la coordinación jurídica de regulación de toda la legislación vigente en Pernambuco, dijo que es clara la competencia constitucional de los Estados para legislar y administrar (delegar) el servicio público de actividades de lotería, el mismo entendimiento que el de juristas consagrados.
Asfora, que fue director jurídico de la Asociación Brasileña de las Agencias de Regulación (Abar), dijo que, en verdad, lo que hay es una intención de la Unión de concentrar el mercado, monopolizando esta actividad económica extremadamente rentable.
No es eso lo que el promotor Marcelo Mesquita Monte piensa. El recuerda que en por lo menos 12 Estados existen acciones en las cuales el Ministerio Público Federal cuestiona la capacidad de los Estados de regular juegos y sorteos y hay varias decisiones vetando la competencia estatal.
