Edición Latinoamérica
30 de Octubre de 2020

En Río de Janeiro, Brasil

El Ministerio Público pedirá el cierre de bingos no autorizados

(Brasil).- El Ministerio Público (MP) Federal abrirá una nueva acción civil para pedir el cierre de los nuevos bingos que se instalaron en Río de Janeiro y funcionan sin permiso del Estado.

E

l procurador José Augusto Vagos afirmó que las salas de juego que no tuvieran permisos judiciales para funcionar y estuvieran incumpliendo órdenes judiciales serán multadas. La multa diaria puede llegar a R$ 50 mil (U$S 23 mil) y el total será calculado basándose en el tiempo en que los bingos vienen incumpliendo la norma que prohíbe el funcionamiento de los establecimientos en el Estado. El documento fue concedido dentro de una acción civil del MP federal.

Con regulaciones no pertenecientes al Estado, nuevas salas de juego, que están prohibidas en todo el país, abren en Río. La Procuradoría de la República de Río descubrió la existencia de nuevos establecimientos, que alegan tener permisos de la Justicia federal y hasta del Tribunal de Justicia de San Pablo, que por ley no tienen jurisdicción sobre otros Estados. Las investigaciones revelan que los bingos del Estado deben facturar actualmente más de R$ 1000 millones (U$S 463 millones) por año.

El descubrimiento de las decisiones judiciales fuera del Estado levanta la sospecha de que algunos establecimientos estaban yendo para Río de Janeiro a causa de la represión policial en sus Estados de origen. Desde 2003, cuando la Justicia Federal de Río determino el cierre de todas las salas en el Estado, el mercado, en vez de disminuir, aumentó. Los bingos, que llegaron a cerrar por cortos períodos, pasaron de 39 a 47.

El procurador de la República, José Augusto Vagos, afirmó que esos nuevos bingos no tienen cualquier amparo legal.

“En relación a los supuestos permisos, la Justicia estatal de San Pablo no tiene jurisdicción sobre la federal. Y las decisiones federales del tribunal de allá no pueden ir en contra de una preexistente”, afirmó Vagos refiriéndose a la norma que, hace tres años, prohíbe el juego en Río, del juez Guilherme Calmon da Gama, donde corre una acción civil movida por el Ministerio Público Federal contra los bingos.

La vista gorda de la policía permite que la explotación de los bingos sea un negocio seguro y de retorno rápido. Y nuevas salas surgen todos los días en la ciudad. Las ganancias serían incalculables, si un ex tesorero de esas salas de juego no hubiese revelado, en interrogatorios criminales del Ministerio Público federal, que cada máquina de video bingo (similar más sofisticado de tragamonedas) factura, en promedio, R$ 3 mil al día (U$S 1400). Por intermedio de su asesoría de comunicación, el Estado informó que está impedido de reprimir por una medida provisoria de la Unión de 2004 y que, además de eso, los bingos tienen permisos judiciales. El presidente de la Asociación de Bingos de Río (Aberj), Paulo Ferreira Lino, sustenta que todos están funcionando legalmente y responder las preguntas por e-mail. Según él, el negocio sufre con la falta de regulación. Ferreira Lino afirmó que los bingos generan hoy, en Río, alrededor de seis mil empleos directos y podrían traspasar al Estado más de R$ 30 millones (U$S 14 millones) anualmente, si estuvieran legalizados. El cree que el preconcepto aún perjudica al sector.

El Ministerio Público Federal investiga posibles crímenes tributarios y de lavado de dinero de las salas de bingo.

“El juego está prohibido. Es contravención penal, de competencia del Ministerio Público estatal”, dijo el procurador federal Luiz Fernando Voss, quien también actúa en investigaciones contra las salas de juego.

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