Edición Latinoamérica
01 de Diciembre de 2020

Proceso de licitación de casinos en Chile

Thunderbird inicia una nueva guerra judicial a la SCJ

(Chile).- Thunderbird, la empresa que fue marginada de la licitación de casinos en Chile, denunció un cuestionamiento general a los operadores que continuan en carrera. Se abrieron múltiples flancos por los diversos recursos judiciales que iniciaron los postulantes a las licencias, que amenazan con poner en jaque los planes de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

E

l presidente de Thunderbird en Chile, Manuel Blanco, sostiene que teniendo en cuenta que los argumentos de la Suprema para marginar a la compañía fueron sólo de forma y jamás se refirieron al fondo, les dio pie para retomar acciones administrativas contra la SCJ, para el caso de sus proyectos en Talca y Rancagua, y también una solicitud de nulidad de derecho público para el caso de Algarrobo.

La SCJ insistió en la justicia por la marginación de Thunderbird, pese a un informe del Consejo de Defensa del Estado que avalaba la posición de la compañía. Blanco cree que en las acciones emprendidas existe la “oportunidad de que el superintendente recapacite”.

No sólo Thunderbird está acudiendo a la justicia para objetar las decisiones de la autoridad o denunciar irregularidades en el proceso. Según Blanco, “hay un cuestionamiento generalizado de los operadores”.

En efecto, la empresa española Egasa-Nervión presentó un recurso de protección acusando ilegalidad y arbitrariedad en el proceso de casinos realizado en Osorno, donde perdieron su postulación. Su representante en Chile, el abogado Rodrigo Guiñez, denunció que la empresa ganadora en esa ciudad, Latin Gaming, realizó en forma ilegal cambios en el proyecto.

Además, el Grupo Martínez, dueño de la empresa Enjoy, acudió a la justicia para exigir a la Superintendencia que liberara la información sobre los antecedentes legales presentados por la empresa española Cirsa.

A esto se suma la denuncia por el Grupo Martínez y sus socios en la VIII Región, la Universidad de Concepción, en la que se acusa a la empresa ganadora de la licencia en la zona, Valmar, de haber comprometido donaciones a la Universidad del Bío-Bío, entidad que a su vez había sido contratada por la SCJ en las labores de evaluación de proyecto. Valmar negó las acusaciones. El tema es igualmente estudiado por el Consejo Resolutivo, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y encargado de adjudicar los proyectos.

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